Estos últimos meses estamos asistiendo a la enésima vuelta de tuerca que el Estado da contra los derechos que asisten a las personas presas y los derechos civiles. Mientras las denuncias contra la dispersión y la situación que están viviendo los presos políticos vascos, llegan desde todas las partes del planeta, el Estado sigue manteniendo su cruel y vengativa política penitenciaria.

Ayer, una delegación de Sortu acudió al domicilio del preso gravemente enfermo Josu Uribetxeberria. La visita tenia como objetivo denunciar la conculcación de derechos a la que está siendo sometido por parte del Estado que lo retiene preso en casa a sabiendas del riesgo extremo que corre su vida.

Pero el de Iosu no es el único caso, hace varias semanas, el también preso enfermo Ibon Iparragirre que había sido excarcelado por su grave enfermedad, fue encarcelado en Basauri al serle revocado su régimen de prisión atenuada en una decisión tomada por la juez Concepción Espejil.

Es precisamente Concepción Espejil, la protagonista del hecho que hoy queremos denunciar aquí. Ayer supimos que La sala de la Audiencia Nacional que preside la juez Espejil dictó una orden de detención contra el militante de Sortu en Tafalla Fernando Sota. Sobre Fernando pesaba una acusación de "enaltecimiento del terrorismo" devenida de la colocación de carteles con fotografías de presos políticos vascos.
Por estos hechos se le había condenado a 1 año de prisión. A pesar de que el criterio judicial en casos similares (condenas de menos de dos años) es conceder la suspensión de la pena o en su defecto su sustitución por una multa; la juez Espejil se ha negado a la suspensión y ha ordenado la detención para su encarcelamiento de nuestro compañero Fernando Sota.

Los hechos que estamos denunciando evidencian la posición del Estado que ha decidido pisar el acelerador de la crueldad en su política de venganza contra las y los presos políticos y contra el conjunto de Euskal Herria. A falta de voluntad y oferta para construir la paz; los poderes del Estado quieren avivar la espiral del sufrimiento, no dudando incluso en jugar al límite con la vida de los presos que están gravemente enfermos, como está sucediendo con Ibon y Josu.

Pero el Estado no se conforma con hacer sufrir a las personas presas, familiares y sus amistades. El objetivo del Estado es Euskal Herria. Quieren sacar de las calles de Euskal Herria cualquier muestra de solidaridad y lucha en defensa de los derechos de presas y presos políticos vascos. Son conscientes de que una gran mayoría de nuestro pueblo clama por el fin de la dispersión y por abordar desde ya el camino que conduzca a la solución de todas las consecuencias del conflicto.

El castigo que se quiere aplicar a Fernando Sota evidencia que el Estado quiere erradicar de las calles de EH la defensa de los derechos de los presos. Y eso es lo que de ninguna manera van a conseguir. Su empecinamiento en la venganza nos muestra dónde está el camino que tenemos que seguir, que no es otro que el de redoblar esfuerzos por alimentar esa gran ola social en contra de la dispersión y a favor de los derechos de presas y presos.

Para finalizar queremos transmitir a Fernando, su familia, amigos y compañeros nuestro apoyo a la vez que hacemos un llamamiento a la ciudadanía a expresar su solidaridad con Fernando y su posición en contra de estas decisiones injustas y arbitrarias.