A lo largo de la presente legislatura, ronda la quincena el número de Leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra que han sido dejadas sin efecto mediante los permanentes recursos del Gobierno del PP (con la permisividad de UPN) y las sentencias del TC español. Ha sido el contenido de la última sentencia, la que anula la ley foral reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, la que, por seguir la doctrina de otra publicada en 2012 contra la ley foral del impuesto sobre grandes superficies comerciales; ha desatado la polémica.
La opinión de la práctica totalidad de expertos y partidos políticos de Navarra es unánime: la doctrina del TC niega la potestad política de Navarra en materia fiscal, supeditándola a todos los efectos a la del poder central del Estado.
En la izquierda abertzale pensamos que para encontrar la verdadera raíz del problema al que nos enfrentamos hay que hacer una reflexión más política, global y profunda sobre el marco de relaciones vigente entre Navarra y el Estado. Para la izquierda abertzale, la apisonadora en la que se ha convertido el TC para con las leyes navarras, evidencia que el Régimen del Amejoramiento y del Convenio Económico no es un Régimen basado en un pacto entre iguales como nos quieren hacer creer.
Muy al contrario, lo que la sociedad navarra está viendo con sus ojos es que con el actual marco político la última palabra siempre la tiene Madrid. Cualquier discusión sobre la legalidad de una Ley decidida en Navarra, se acaba resolviendo en instancias ajenas a la voluntad democrática de la ciudadanía Navarra. Por encima de las decisiones tomadas democráticamente por el Parlamento Navarro están unos jueces propuestos por PP-PSOE que deciden.
Se está demostrando ahora lo que venimos denunciando desde hace más de treinta y cinco años: Amejoramiento y Convenio no son resultado de Pactos soberanos sino el fruto de una vergonzante negociación entre unas reducidas élites de Madrid y Pamplona donde la eterna ausente y mera pagana ha sido la ciudadanía navarra.
Se vendió como autogobierno lo que no eran sino concesiones en el reparto de parcelas de gestión. Ahora vemos que incluso la joya de la corona del régimen foral navarro, el reconocimiento de la potestad originaria de Navarra en materia fiscal, es papel mojado al albur de las interpretaciones del Tribunal Constitucional.
No estamos ante un problema jurídico o de mera interpretación de leyes, sino que estamos ante un grave problema político. Lo que está en juego es si sobre las cosas de Navarra decide el pueblo de Navarra y sus instituciones, o es Madrid quien decide.
Entendemos que es así como debe plantearse el desafío que Navarra tiene ante sí. Ante la ofensiva neocentralizadora de Madrid, no vale con quedarse en la mera defensa de un Régimen Foral que se ha demostrado inerme y obsoleto. Es el momento de abrir en Navarra un debate de verdad sobre el Estatus político que necesita Navarra. Ha llegado el momento de defender para Navarra la capacidad de decisión plena y todas las competencias que le permitan definir sus propias políticas en todos los ámbitos, desde el económico y fiscal a un nuevo modelo de relaciones con el Estado que se basen en el respeto al derecho a decidir de Navarra.
Para afrontar con garantías de éxito este desafío; hay que trabajar para sumar fuerzas tanto en la calle como entre todas las fuerzas políticas presentes en las instituciones navarras. Que decida Navarra debe ser la idea que aglutine a la mayoría social navarra frente a las agresiones de Madrid.
