La tortura ha sido un arma utilizada por el Estado contra Euskal Herria para impedir que este Pueblo sea dueño de su futuro. La tortura no es un elemento aislado que se circunscribe a la actuación de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ni tampoco es un "exceso policial" ejercido por incontrolados. La tortura ha sido utilizada sistemáticamente por el Estado español contra Euskal Herria y el independentismo vasco.
Y es que la utilización de la tortura ha sido una constante por parte de un Estado que reclama para sí el monopolio de la violencia. No se puede hablar, pues, de que "han sido casos aislados cometidos por funcionarios públicos que actuaban por su cuenta". Todo lo contrario, la tortura ha sido la norma y no la excepción. Fundamentalmente dos han sido los objetivos de esta utilización sistemática del tormento en las comisarías y cuartelillos: por una parte, se ha utilizado para conseguir declaraciones contra la voluntad de las personas detenidas y, por otra parte, para infundir pánico en el propio detenido y en su entorno más cercano. En definitiva, para que el Pueblo Vasco sepa de qué es capaz el Estado español contra la disidencia y para mantener su "Estado de derecho".
En los últimos 40 años, se han documentado más de 10.000 casos de tortura en Euskal Herria, pero se estiman en muchos miles más los casos que faltan por identificar. Esto solo puede ser consecuencia de una estrategia de guerra. Una estrategia de guerra contra el independentismo. Una estrategia que buscaba ahogar las ansias de libertad de este Pueblo, al mismo tiempo que se pisoteaban salvajemente los derechos humanos de las personas detenidas.
Gobiernos de todos los colores han amparado esta práctica sistemática. Todos los gobiernos han hecho posible que la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza pudieran ejercer la tortura con total impunidad, al mismo tiempo que los grandes medios de comunicación miraban para otro lado silenciando las denuncias. Los Pactos de Estado que han firmado los partidos políticos (Pacto de Ajuria Enea, Pacto de la Moncloa) han dado la cobertura política que necesitaba la tortura, y hay que recordar que en esos pactos han estado desde el PP al PSOE, pero también el PNV.
Muchos han sido los factores que han posibilitado la práctica sistemática de la tortura, pero ha sido la legislación de excepción y, concretamente, la incomunicación de las personas detenidas, la que ha amparado de facto la tortura. Si realmente se quiere acabar con la tortura, se debe acabar con todas estas leyes de excepción.
Si es cierto que todos queremos trabajar por la convivencia pacífica en Euskal Herria, es necesario que salga a la luz toda la verdad. La sociedad debe saber qué ha ocurrido realmente durante 40 años en las comisarías, quiénes han sido los torturadores y a quién han torturado, y quién era el responsable en cada caso. Para que haya una convivencia real es absolutamente necesario que se conozca toda la verdad, porque tenemos derecho a ello, porque se lo debemos a las víctimas de la tortura y porque se debe construir el futuro sobre la memoria de lo sucedido.
Y todos y todas sabemos quiénes han sido los cuerpos policiales que más han utilizado la tortura. Esas fuerzas policiales nunca han estado aquí para ayudarnos ni para traernos la democracia. Hasta ahora han estado en Euskal Herria para torturarnos, para imponernos la soberanía española y para impedir mediante la amenaza armada que la sociedad vasca decida libremente su futuro. Pero ni les queremos ni les necesitamos. Queremos todas sus armas fuera de Euskal Herria, queremos que desaparezcan del debate político las armas de la Policía y la Guardia Civil. ¡Que se vayan para no volver jamás!
Gora Euskal Herria Askatuta!
Gora Ezker Abertzalea!
