Sortu quiere denunciar la actitud de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha pedido diez años de inhabilitación para Artur Mas y otros nueve años para las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, y mostrar nuestra solidaridad con los imputados.

La fiscalía del TSJC actúa como correa de transmisión del gobierno de Madrid que pretende paralizar e imposibilitar el proceso catalán utilizando para ello todo tipo de munición judicial.

Esto demuestra dos cosas: que no es posible democratizar el Estado español para conseguir que reconozca y respete los sentimientos nacionales de catalanes y vascos; y por otro, que el Estado no está en una posición de fortaleza política: la segunda transición que habían puesto en marcha PP y PSOE para frenar los procesos soberanistas de las naciones sin Estado está fracasando y fracasará más los próximos tiempos.

De hecho, Sortu constata que en Catalunya hay todo un país impulsando el proceso independentista, un país que se ha situado en la vanguardia de los pueblos en Europa que pretenden recuperar su soberanía frente a un Estado que no tiene más voluntad que hacer inviable dicho proceso.

Es por ello que la libertad de Euskal Herria también se juega en Catalunya en estos momentos. La Constitución española es el mismo corsé, la que nos impide respirar a catalanes y vascos.

Esto nos obliga a invertir aquí en casa, poniendo en marcha un proceso unilateral hacia la independencia, capaz de superar todas las dificultades que se encuentre en el camino. Para ello es fundamental una dinámica social, política e institucional que abra aquí otro frente potente en clave de país que, entendemos, sería la respuesta con mayúsculas a la intransigencia y la cerrazón de Madrid.