Durante el proceso que decidirá sobre la extradición de Iratxe Sorzabal, hoy termina el plazo para que el reino español envíe información complementaria a la Justicia francesa. Sorzabal fue detenida en 2015 por policías franceses y el reino español curso tres euro-ordenes para su extradición. Sin embargo, esta vez las cosas se han complicado para el goberno español, ya que en 2001, cuando Sorzabal fue detenida por la Guardia Civil, fue brutalmente torturada como evidenciaron sus testimonios y las imágenes gráficas aportadas, lo que fue certificado por el Protocolo de Estambul. Esas pruebas presentadas sobre las torturas sufridas fueron creibles para los jueces franceses, por lo que requirieron información complementaria al reino español.

SORTU coincide con la postura mostrada por Sorzabal “Es hora de que la Justicia francesa reaccione ante la tortura. Hace falta valentía, pero la decisión es suya”, manifesto ante el tribunal. Y es que el mantenimiento de la tortura en el tiempo, ha necesitado de una serie de complicidades y también de colaboraciones. De lo contrario sería imposible que se hubieran dado los miles de casos que recoge el informe del Instituto Vasco de Criminología y UPV. La tortura se realiza dentro de una red en la que se entrelazan fuerzas policiales, médicos forenses, jueces, medios de comunicación y partidos políticos, a los que les une un denominador común: dejar hacer.

Al gobierno francés y al español, al gobierno de la CAV y al de Nafarroa, les pedimos que articulen medidas legales para que los casos de tortura no se vuelvan a producir. Y a todos los que la han sufrido que les sea aplicado el derecho de reparación en todos los sentidos: judicial, político, psicológico y humano.

Exigimos para Sorzabal y para todos las personas enjuiciadas o condenadas que hayan denunciado casos de tortura, que se les invaliden las sentencias o las actuaciones judiciales que se estén llevando a cabo. Todas las actuaciones judiciales que estén contaminadas por la tortura deberán revisarse e invalidarse.

La tortura y los tratos inhumanos son considerados como crímenes de guerra. En Euskal Herria adquiere esta consideración porque el Estado español ha utilizado la tortura como arma de guerra contra el independentismo. Se quiere negar la tortura para ocultar la existencia de un conflicto político y evitar que la Izquierda Abertzale tenga su propio relato. Actualmente la batalla esta planteada en torno al reconocimiento de la existencia de ese conflicto y los relatos que lo explican.

Exigimos el derecho de contar lo que nos han hecho.