Sortu denuncia el desahucio ocurrido hoy en el barrio Zabalgana de Gasteiz. Es hora de terminar con estas injusticias. Es obligación de la administración pública garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y no de echarla a la calle.
Anastasia es una madre con dos hijos. Percibe una prestación de 800 euros desde agosto y paga a Alokabide un alquiler de 325 euros al mes. No llega a fin de mes. El Gobierno Vasco ha enviado a la Ertzantza a desalojarla de su vivienda.
Encontramos dos factores principales que inciden directamente en las condiciones de vida de la ciudadanía: el empleo y la vivienda. Con el pretexto de la crisis la situación actual ha empeorado: tener un trabajo no garantiza disponer de una vivienda digna; es más, a día de hoy hay más de 14.000 personas en la CAV percibiendo la DBSE aún teniendo empleo. Y que decir cuando en toda Hego Euskal Herria tenemos 200.000 desempleados.
La vivienda es un derecho universal, pero para el capitalismo no es más que mercancía disponible para especular, convirtiendo lo que es un derecho básico en un problema estructural en Euskal Herria. Desde que comenzó la crisis, han sido miles las familias desahuciadas en Euskal Herria y para miles más, tanto jóvenes como mayores, el sueño de la emancipación se convierte en un imposible.
El PNV pretende hacernos creer, al compararnos continuamente con el estado español, que la CAV es un oasis de prosperidad. Nada más lejos de la realidad, cada día se ejecutan 3 desahucios.
En opinión de Sortu la situación actual es de una extrema gravedad, y ante la misma las administraciones públicas deben de tener como principal objetivo garantizar los derechos de la ciudadanía.
En junio de 2015, a iniciativa de EHBildu, el Parlamento Vasco aprobó la ley que garantiza el derecho a la vivienda. El PNV votó en contra. El PNV prioriza la privatización de los servicios públicos, que garantiza el estado de bienestar, y el rescate de Kutxabank antes que el rescate a la ciudadanía.
El Gobierno español inpugnó la Ley de Vivienda, y hoy día se encuentra estancada. De este modo, el estado español y el régimen corrupto del 78 continúa decidiendo sobre nuestra política de vivienda, sobre las condiciones en que debemos trabajar, cual debe ser nuestro sueldo mínimo y cuánto debemos cobrar al jubilarnos.
No podemos seguir siendo parte de este estado corrupto que nos condena a seguir perpetuados en la crisis y que nos niega los recursos necesarios que como ciudadanxs vascxs necesitamos para salir de la misma.
Más que nunca, necesitamos un estado digno que garantice los derechos de la ciudadanía. Y ese, no es el estado español, sino la República Socialista Vasca. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las movilizaciones en contra de los desahucios.
Por último, tenemos una excelente ocasión en las próximas elecciones del día 25 de septiembre para cerrar el camino a todas estas situaciones, votando a favor del cambio político y social. EHBildu es la mejor garanía para ello.
