El domingo 17 de abril, dos tercios de la Cámara Baja de Brasil aprobaban el impeachment -proceso para habilitar un juicio- contra la presidenta Dilma Rousselff. Tras esa votación, corresponderá al Senado, en el plazo aproximado de quince días, ratificar la decisión.
Desde hace varios años se ha venido gestando una situación de creciente insostenibilidad en el país. Independientemente de los motivos e intereses que aparecen tras esta última crisis política, con este paso en el Parlamento ha quedado claro que la oligarquía brasileña ha decidido que ya no está dispuesta a tolerar más gobiernos del PT en Brasil.
Tras 13 años ininterrumpidos en el gobierno, el ex presidente Lula da Silva anunció su intención de presentarse a las elecciones de 2018. Lula cuenta con amplio apoyo en las clases populares del país y es un candidato con opciones reales de ganar las elecciones de 2018.
Ante el temor de una nueva victoria del PT, las fuerzas neoliberales (medios de comunicación, partidos, oligarquía financiera...) de Brasil se han unido para tratar de derrocar al Gobierno de Dilma Rousselff, e intentar, al tiempo, condicionar a Lula mediante presuntos casos de corrupción.
El intento de desacreditar a Lula se encontró con la reacción de las fuerzas PTistas, y las gentes de izquierda y progresistas en la calle. Una fuerte respuesta que se ha dado pese a que, como es sabido, la izquierda está dividida en Brasil, entre otros muchos motivos por las diferencias provocadas por las políticas del Gobierno de Dilma y el PT en materia económica, medioambiental o de derechos.
El único dato positivo que arrojan las últimas semanas en Brasil es, posiblemente, la reactivación demostrada por sectores populares y de izquierda para tratar de desmontar, a pie de calle, la gran mentira. Ya que, contra lo que se sugiera vía medios de comunicación, a Rousselff no se le persigue por casos de corrupción, sino por haber presuntamente disimulado el déficit público, una práctica que, por más que parezca reprobable, apenas ha llevado a imponer sanciones en otros estados -multas a estados de la UE que no cumplen los objetivos de déficit- pero no a destituciones.
La reactivación en la calle es un buen síntoma, dado que es evidente que la quiebra de alianzas a la izquierda está posibilitando que las fuerzas conservadoras brasileñas utilicen toda su fuerza para dar el golpe definitivo. El primer paso ya lo han dado, al lograr que dos tercios de la Cámara Baja hayan aprobado el impeachment contra Dilma y el gobierno del PT.
La decisión del PDMB y otros 4 socios de gobierno del PT de retirar su apoyo parlamentario al gobierno allana el camino al procesamiento de Rousselff. Paradójicamente, después de que todos los asambleistas retiraran su apoyo al PT, el único que queda en el cargo es precisamente el vicepresidente de la asamblea Michel Temer, actual presidente del PMDB.
En quince días se tratará en el Senado y en caso de que esta cámara apruebe, por mayoría simple, el impeachment, Dilma Rousselff será apartada del cargo en un periodo de 180 días e investigada por el Senado. En caso de no hallarse pruebas contra la presidenta, ésta podrá retornar a su cargo, en caso contrario será el Vicepresidente Michel Temer el que ocupe su lugar. En todo caso, parece poco probable, que una vez que el Senado apruebe el impeachment, Dilma pueda retornar al poder.
La maniobra para interrumpir primero y, si es posible, cerrar del todo el ciclo gubernamental del PT cuenta con el apoyo de los grandes oligarcas de Brasil.
Desde los partidos opositores, grandes patronales como la federación de industrias de Sao Paulo, la Confederación Nacional de Industrias (CNI), etc. Por contra, estos días han salido a la calle en apoyo al Gobierno del PT, grupos sociales como son el Movimiento Sin Terra (MST), la Central Unificada de Trabajadores (CUT), la Central Nacional de Estudiantes (CNE), Artistas, Intelectuales y Partidos como PT, PcdoB o PDT.
Brasil se encuentra inmerso en una crisis económica, política e institucional y totalmente dividido a nivel social, entre dos grandes espacios, de un lado las capas populares y de clase media-baja y, de otro, un sector de la oliogarquía y clase media-alta que desea el cambio para volver a reponer sin límites la lógica neoliberal. A este fin, la oligarquía necesita urgentemente ganar el gobierno para desde él evitar que Lula pueda presentarse y ganar en 2018.
Tras los precedentes de Honduras y Paraguay, la estrategia de derrocar por todos los medios al Gobierno de Dilma abre un precedente muy peligroso en América Latina. Pone en tela de juicio la democracia en Brasil y en serio peligro las conquistas sociales que se han ganado en estos 15 años de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina.
Más allá de las consecuencias continentales, que serían muchas y graves dado el peso del gigante brasileño, este golpe institucional puede tener fuertes consecuencias en la economía mundial y, dada la relevancia de Brasil en el Bloque de los BRICS, también en la geopolítica mundial. Este país dividido acoge dentro de cuatro meses el mundial de fútbol 2016. El mundo entero estará observando a Brasil, y no sólo por motivos deportivos.
Más allá del deseo de que las políticas de desestabilización y de golpe se queden en saco roto, es evidente que estamos ante una estrategia que ya está en marcha en otros lugares del continente y que busca cerrar el ciclo de progreso democrático y social.
Desde SORTU queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a los gobiernos legítimos y democráticos de América Latina, y denostar expresamente los planes de desestabilizacion contra Brasil y otros países de la región, como Venezuela o Ecuador.
Por ello, tal como hicimos en el acto de solidaridad ante el Consulado de Bilbo, el pasado 2 de abril, seguiremos impulsando, en todos los ámbitos, este compromiso internacionalista.
