El Colectivo de Presos Políticos Vascos decidió en diciembre del año pasado dar inicio a peticiones individuales de traslado a Zaballa y cursar dichas peticiones en base a lo recogido en las disposiciones legales al respecto; eso tiene un valor político enorme a nuestro entender como posición en términos de proceso de paz. Ha transcurrido ya medio año y algunos presos han comenzado a recibir respuestas negativas basadas en valoraciones que no están recogidas en reglamento alguno; negativas que, una vez más, arguyen valoraciones políticas o exigencias como arrepentimientos u otras que no se ajustan a derecho.

Tal como lo dijimos el domingo pasado, Urkullu, Atutxa y Erkoreka saben perfectamente que a los presos y presas vascas se les está negando el traslado a Zaballa de forma ilegal. Lo saben y prefieren mentir que decir la verdad y actuar en consecuencia, tal como lo hicimos de la mano en la manifestación de enero en defensa del proceso y de los derechos que les asisten a los presos y presas vascas.

Nada a variado, desgraciadamente, todos estos meses en las situación carcelaria, la política penitenciaria en vigor sigue sin tener ninguna justificación, ni legal ni política alguna. Sin embargo, el PNV, en clara actitud involucionista a tenor de lo que estamos viendo, con evidentes dejes del pasado, prefiere seguir avalando en la práctica las políticas del PP, apoyar de facto la dispersión y todas las medidas de excepción que desgraciadamente siguen siendo instrumentos de una política antiterrorista que nunca ha sido compatible con los derechos humanos.

Esta es la gran responsabilidad en la que han incurrido los dirigentes del PNV, ahora que se hace más necesario que nunca el cambio de la política penitenciaria. Y para Sortu esta actitud es inaceptable y exigimos que reconduzcan esta actitud, que dejen de apoyar las políticas criminales, las políticas de venganza y pidan como lo hace la mayoría de la sociedad vasca la derogación de todas las políticas de excepción.