La citación de la portavoz nacional de SORTU Amaia Izko por parte de la Guardia Civil para declarar como imputada es una muestra más de la persecución a la que se somete a la denuncia de la política penitenciaria y la solidaridad con los presos y presas políticos vascos.

La Guardia Civil ha abierto un atestado contra una ciudadana que se limitó a exigir respeto a los derechos de los presos y presas políticos vascos y que se cumpla con la legislación penitenciaria vigente dando por finalizada la política de alejamiento y dispersión.

Estamos hablando por lo tanto de una muestra de solidaridad con los derechos de los presos y presas políticos vascos y sus familiares; la solidaridad no puede ser delito y mucho menos si lo que se pretende es destacar la exigencia del respeto a derechos básicos fundamentales.

Una vez más debemos emplazar al Gobierno español a que deje de utilizar a los presos políticos para intentar enfangar el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria. La paz y la normalización democrática necesitan del cambio de política penitenciaria como primer paso para la excarcelación de todos los presos de motivación política.

Del mismo modo, es exigible que en aras a un futuro en convivencia de la sociedad vasca, Madrid respete la voluntad mayoritaria de dicha sociedad libremente expresada. Es esta sociedad la que elección tras elección sitúa al Partido Popular ante el espejo de su propio fracaso y la minorización social y política del españolismo, y es debido a ello que el Gobierno español no cesa en obstaculizar el proceso de paz con la esperanza de retrasar al máximo el reconcimiento del derecho a decidir en cuyo ejercicio se sabe débil y minoritario.

Es necesario por lo tanto, seguir insistiendo en la necesidad de consolidar el proceso de paz y continuar exigiendo junto a la mayoría social vasca el cambio inmediato de política penintenciaria y el reagrupamiento de los presos y presas políticos vascos en la cárcel de Zaballa.

Por último, SORTU exige que se deje sin efecto el atestado iniciado contra Amaia Izko y se desista de continuar criminalizando la solidaridad con los derechos de los presos y presas políticos vascos.