La declaración da cuenta de que sigue desarrollándose el proceso de sellado verificado.
Se trata de un proceso unilateral de ETA supervisado por la CIV. Es un paso de gran valor. Un nuevo paso muy positivo.
El sellado de armas es un proceso conjunto ETA-CIV como paso previo a un proceso de desarme total y destrucción de armas para el que ETA esta
dispuesta como lo ha manifestado públicamente.
Los ritmos en el desarrollo de dicho proceso solo obedecen a la nula disposición del gobierno del PP. Hay que recordar que los responsables de Interior han manifestado en reiteradas ocasiones que quienes deben llevar adelante ese proceso de inventariado y sellado son objetivos policiales; e incluso han hecho comparecer a los verificadores internacionales en la Audiencia Nacional.
La intervención de los gobiernos español y francés es imprescindible, es fundamental para que el desarme y la destrucción de armas se haga de manera ordenada y completa.
Numerosas instancias y declaraciones a nivel internacional, la última en Argentina, han exigido a ambos gobiernos su necesaria implicación para la resolución de las consecuencias del conflicto político en Euskal Herria.
Por tanto, la implicación, la intervención de ambos gobiernos ha de darse para el desarme y destrucción total y definitivo de los arsenales de ETA.
Manifiesto del gobierno de la CAV
La pretendida actitud propositiva del gobierno Urkullu. no es tal. Lo que ayer hizo público Jonan Fernandez no es una propuesta de desarme, es simplemente una petición de entrega de armas a ETA. Muy lejos de lo que debería ser un posible planteamiento para cerrar el desarme y destrucción de armas de una manera ordenada, acordada y completa.
Urkullu conoce de primera mano la disposición total de ETA para el proceso de desarme. Sabe que el proceso de sellado es una iniciativa unilateral de ETA coordinada y verificada por la CIV que se lleva a cabo como fase previa al desarme total y destrucción de armas dada la nula disposición del gobierno del PP.
Sabe también que el sellado es un proceso positivo, de avance, constructivo ante el posicionamiento cerril del gobierno del PP.
Urkullu sabe todo eso y actúa de una manera irresponsable e inaceptable. El gobierno de la CAV tergiversa la realidad, miente y trata de confundir a la sociedad vasca, y lo que es verdaderamente denunciable, facilita la estrategia inmovilista del PP.
Junto a la de la Audiencia Nacional, la actuación del Secretario General de Paz y Convivencia es el mayor varapalo que ha recibido la CIV. Con su posición, Jonan Fernandez ha pretendido liquidar la CIV para quitarse de en medio a los verificadores y posteriormente postularse frívolamente para cumplir su función.
La Secretaría de Paz y Convivencia con su máximo responsable Jonan Fernández al frente se han convertido en un gabinete propagandístico que sólo se dedica a contraprogramar iniciativas de otros y a pretender invalidar pasos reales y constructivos como el sellado de armas verificado y coordinado por la CIV.
La Secretaría de Paz y Convivencia más bien lo es de Propaganda y Contraprogramación. No hay ninguna propuesta por parte de la Secretaría y del Gobierno Urkullu, sólo búsqueda de protagonismo a costa de intentar invalidar un proceso real, un proceso en marcha como lo es el sellado de armas de ETA coordinado y verificado por la CIV.
Con su actuación, el Secretario General de Paz y Convivencia ha dejado de manifiesto que es una herramienta de Urkullu y del PNV para desarrollar una agenda de partido y no de interés público; así Jonan Fernández se muestra más como un "entorpecedor" que "facilitador" ante el proceso de desarme. A nuestro entender ha protagonizado una actuación frívola e irresponsable que lo inhabilita como activo para la búsqueda de soluciones.
Cuál debiera ser el papel del gobierno Urkullu? Si realmente quisieran ser parte activa para las soluciones podrían actuar de manera positiva y para ello:
Apoyar y dar cobertura a la CIV para que cumpla de manera acertada y efectiva con su labor.
El PNV y el gobierno Urkullu puede y debe denunciar con decisión la posición del gobierno de Madrid como principal enemigo del proceso de paz; y dejar de contemporizar con el PP y sus posiciones en política penitenciaria.
El PNV y el gobierno Urkullu deben emplazar con firmeza y presionar el gobierno del PP para que se implique en un proceso de desarme.
Y para que eso sea posible, debe buscar acuerdos que impliques mayorías sociales y también políticas para que esa presión hacia
quienes obstaculizan el proceso de paz, sea la presión de la sociedad vasca en su conjunto y no la de unos partidos o instituciones.
