Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un tour de force de los sectores más reaccionarios del Estado con el objetivo de parar el proceso de cambio político en Euskal Herria, en los Països Catalans y también en el Estado español.
Anteriormente hemos hablado en esos términos, y hoy volvemos a decir que estamos viviendo un auténtico autogolpe de Estado que se apoya en la aplicación de medidas basadas en la eliminación de libertades fundamentales y en la excepcionalidad. Ese autogolpe los está protagonizando el PP y cuenta con la Guardia Civil y los sectores más reaccionarios de la judicatura.
La querella contra el Presidente de Sortu Hasier Arraiz llega de mano de estos sectores y de esa lógica; no quieren permitir que se expresen ideas que denuncien esa situación y el papel que esos protagonistas están jugando en el autogolpe de Estado que están llevando a cabo. Lo ocurrido en el TS con el caso de la acumulación de penas es muy elocuente y es un ejemplo de esa excepcionalidad. Las presiones del gobierno -presiones públicas- para que los jueces adopten decisiones ajustadas en tiempo y forma a sus exigencias políticas es un escándalo; y hay que denunciar en ese sentido la actitud de algunos magistrados que se rinden ante esas presiones políticas del gobierno.
En ese contexto hay que situar también las órdenes del gobierno a la fiscalía para reabrir como sea causas antiguas o inviables con argumentaciones peregrinas no ajustadas a derecho ni al principio de realidad. Y lo ocurrido con hace unos días con Santiago Arrospide es una muestra de esa utilización de la justicia para servir objetivos políticos:
- Santiago Arrospide es puesto en libertad por la derogación de la doctrina Parot y por acumulación de penas, y no pueden digerirlo porque a pesar de que la legislación española no lo recoge de manera explícita apuestan por la cadena perpetua.
- Le fabrican nuevas acusaciones por hechos de hace 28 años! para provocar su detención. Y no lo llaman a tomar declaración; lo detienen y lo encarcelan cuando saben que en ningún caso puede tener consecuencias penales porque incluso en el hipotético caso de que fuera condenado por esas nuevas causas, la sentencia se consolidaría junto a las penas anteriores y nunca podría sobrepasar más tiempo del legalmente establecido y que ya está cumplido.
- Esto ha ocurrido porque quienes han promovido está fabricación de sumarios y el encarcelamiento de Santiago Arrospide saben que es muy probable que alguna sección de la AN pida a Luxemburgo que aclare la interpretación de la norma europea. Saben que finalmente Luxemburgo va a fallar a favor de la acumulación de penas tal y cómo la norma marco europea establece; pero mientras tanto dan un golpe de efecto político y mediático y encarcelan a una persona a sabiendas de que es un abuso en toda regla y que se trata de una medida no ajustada a derecho.
El TS ha dictado una resolución que no se ajusta a derecho, al dictado de las presiones del Gobierno del PP; saben que ese abuso va a ser corregido por Luxemburgo, es tan evidente que hasta dos secciones de la AN van a solicitar la aclaración de la aplicación de la norma. Pero mientras tanto fallan tal y como les exigen el PP y la ultraderecha desde algunas asociaciones de víctimas; se trata de seguir alimentando el odio y la venganza, se trata de consolidar política y electoralmente el flanco más reaccionario del PP. Y luego cuando Luxemburgo corrija y ordene aplicar la acumulación de penas, podrán decir que ellos ya hicieron su parte, que es Europa la culpable.
Insistimos una vez más en que se está gobernando desde la anulación de derechos básicos y principios fundamentales del Estado y de cualquier democracia, que viene definido por un Estado de excepcionalidad que hace que el poder judicial funcione a las órdenes de un gobierno y un partido político, que acogota a parte de la judicatura para que actúe de correa de transmisión del PP; y llegan incluso a ordenar la detención de abogados, dejando tocado y hundido el derecho a la defensa que es base indiscutible de un Estado de derecho y de cualquier sistema judicial con garantías democráticas.
E insitimos, quien dicta resoluciones judiciales injustas, al dictado político al oído, para favorecer a un gobierno o a un partido político deja sin crédito alguno a un sistema judicial que está demostrando estar mucho más cerca de la administración de justicia del franquismo que de los estándares europeos al respecto. Muchos jueces lo saben y por eso algunos se plantan, pero a fecha de hoy no son suficientes para impedir que la excepcionalidad y el derecho penal del enemigo sean el criterio dominante en ese mundo.
La fiscalía está dando órdenes de abrir causas inverosímiles, sin ningún tipo de criterio judicial (como podrían ser la aparición de nuevas pruebas, declaraciones...), e incluso se están fabricando nuevas causas bajo el concepto de “autoría intelectual” para condenar a personas cuya participación personal y directa en los hechos imputados no es demostrable materialmente, y todo ello obedeciendo a un impulso político.
El objetivo es que, cuando las penas se van extinguiendo, el número de presos desciende etc nadie ponga en cuestión la excepcionalidad de la existencia de la AN y toda la securocracia montada alrededor.
Volver a llenar las prisiones y que el enfoque represivo/carcelario del conflicto político vasco no termine nunca para no abordar las cuestiones puramente políticas del mismo. En definitiva, se trata de agitar el fantasma del “antiterrorismo” como arma arrojadiza cuando se ven en serios apuros para mantener posiciones políticas; y así prolongar la excepcionalidad de ciertas medidas por el vértigo a una situación de normalidad en la que no haya argumentos posibles para negar la libre confrontación democrática entre proyectos políticos.
Y el objetivo claro está, también es venganza pura y dura contra un sector político que a pesar de ser presentado constantemente como perdedor tras el cese definitivo de ETA del 2011, está ganando una tras otra todas las batallas electorales y de acceso al poder institucional que se le presentan.
Esto que acabo de retratar es España; es la oferta que nos hace Madrid a los vascos y vascas para que seamos parte del proyecto español. Y en SORTU pensamos que en España los vascos y vascas no tenemos ninguna oportunidad; ni para consolidar la paz, ni para que todos nuestros derechos y libertades más elementales sean respetados ni tan siquiera para poder garantizar que podamos pervivir como pueblo.
Los vascos y vascas no somos parte subordinada de nada ni de nadie; no necesitamos pedir permiso ni esperar a que otros tomen las decisiones para nosotros. Nada que no alcancemos con nuestras propias manos, ningún camino que no recorramos con nuestras propias fuerzas va a poder servir para la emancipación nacional y social.
Frente a un Estado y también sus sucursales vascas que niegan el derecho a decidir y cuya única oferta es negación y represión optamos por una vía propia y unilateral hacia la independencia. Por eso hemos puesto una visión de proceso sobre la mesa, EUSKAL BIDEA que es una invitación a diseñar y compartir ese camino hacia el máximo nivel de libertad que podemos disfrutar como vascos, un Estado independiente para los vascos y vascas. El futuro está únicamente en nuestras manos, no podemos esperar nada bueno al menos, de Madrid. Hay un camino posible para el respeto de todos los derechos y poder decidir como pueblo y ese camino lo tenemos que compartir y acordar entre todos los que formamos parte de esta sociedad.
