Otra vez en muy pocas semanas estamos aquí para denunciar una situación que entra de lleno en lo que hemos venido llamando fabricación de acusaciones y pruebas para conseguir que personas que ya han cumplido las condenas impuestas, tengan que enfrentarse de nuevo a procedimientos judiciales y, en la mayoría de los casos, si no en todos, para que estas personas vuelvan a la cárcel.

Hoy queremos, en concreto denunciar el caso del iruindarra Jorge Olaiz, en libertad desde 2014, tras cumplir casi trece años de prisión, acusado ahora por segunda vez por lo que el Juzgado ha calificado como una tentativa de asesinato contra el ex concejal de UPN del ayuntamiento de Iruñea, Miguel Angel Ruiz Langarica.

Jorge Olaiz fue detenido por su relación con ETA tras un tiroteo en Iruñea el día 24 de noviembre de 2001 y, tras cuatro días de detención incomunicada en la que denunció haber sido objeto de grave mal trato y de tortura, fue puesto a disposición judicial por dos causas:

• La directamente relacionada con su detención
• Y otra relacionada con esa tentativa mencionada, ocurrida según el sumario un año más tarde y por la que había sido detenido y condenado el también iruindarra Iñaki Beaumont.

Pues bien, mientras que el primero de los procedimientos siguió adelante y terminó con la imposición de una pena de 12 años y medio de prisión para Jorge, el segundo de los procedimientos fue ARCHIVADO en julio del año 2002, tras tomársele declaración en relación al mismo, y lo fue a petición del propio Ministerio Fiscal por FALTA DE PRUEBAS.

Sin embargo, tras su puesta en libertad 12 años más tarde y precedido de una campaña llevada a cabo por determinados medios de comunicación, así como de la promesa hecha a través de alguno de esos medios por parte de Miguel Angel Ruiz Langarica de que no iba descansar hasta hacérsela pagar a Jorge, ahora en febrero de 2015 ocurre algo que no necesita mayor explicación ya que entendemos que se califica por si mismo.

Y es que ahora la causa se reabre contra Jorge Olaiz con un informe conjunto de la policía nacional y la Guardia Civil que reinterpreta la pruebas que ya existía y se valoraron por fiscal y juez cuando el asunto se archivó en 2002 y APARECE en la causa por arte de magia una persona que dice ser TESTIGO PRESENCIAL de los hechos del año 2000 y dice reconocer hoy a Jorge Olaiz como la segunda persona que estaba en las inmediaciones del domicilio de Ruiz Langarica allí cuando Iñaki Beaumont fue detenido. 15 años después aparece un testigo que nunca había aparecido en el procedimiento, ni en el momento de la detención, ni en la instrucción, ni en el juicio, ni cuando la posterior detención de Jorge Olaiz. Nunca hasta 15 años más tarde. Y ahora toda la acusación contra Jorge Olaiz se sustenta en este SORPRENDENTE testigo que mantienen como anónimo y ocultan absolutamente a todas las partes.

Como decimos la cosa se califica por si sola. Pero es que a esta situación existe un juez y un fiscal, eso sí de la audiencia nacional como no, que le dan carta de naturaleza reabriendo la causa y llamando a Jorge Olaiz a declarar, con un peligro evidentemente más que grave, de que decidan enviarle tras esta declaración a prisión.

Esto desde luego insulta la lógica y el entendimiento de las personas, al tiempo que violenta todos los principios que rigen el proceso penal, pero lo más grave es que responden a un torticero origen y objeto políticos que por supuesto hemos de denunciar.

En Sortu queremos situar la citación de Jorge Olaiz dentro de la dinámica de acoso que hemos presenciado en estas últimas semanas:

• La detención de 16 personas -y posterior encarcelamiento de tres de ellas- dedicadas a la defensa jurídica y social de los derechos de los presos políticos vascos.
• La decisión del TS para duplicar la condena de los presos políticos en Francia.
• Las presiones del gobierno del PP para construir nuevas imputaciones contra presos en libertad. Como ejemplo, detención y encarcelamiento de Santiago Arrospide. Mantienen en prisión a Arrospide de manera ilegal porque esta persona ya ha cumplido el tiempo máximo al que se puede mantener a una persona en prisión.

Una vez más hay que denunciar que el Partido Popular está gobernando contra los derechos más elementales y desde la excepcionalidad.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones el PP tiene diferentes motivaciones para pisar a fondo el pedal del acelerador de la represión. Principalmente porque le es fundamental mantener las cárceles llenas y así poder justificar la existencia de la Audiencia Nacional y todo el entramado de excepción. Y especialmente adoptan esa actitud para que las medidas de excepción jamás abandonen los parámetros del conflicto político y de esa manera no llegue a abordarse su resolución en clave política.

Las políticas de excepción no son para la IA o los ciudadanos vascos o catalanes. Los recortes de libertades que ahora se ponen en marcha en el Estado ya vienen siendo aplicados durante décadas en Euskal Herria. La Ley Mordaza o las medidas contra las libertades civiles que recoge el nuevo pacto entre el PP y el PSOE tienen su origen en las políticas de excepción aplicadas en Euskal Herria; hay una decisión clara de extender la excepcionalidad a todo el Estado por medio de un nuevo plan ZEN.

Queremos volver a subrayar que estamos ante una dinámica de autogolpe de Estado. Un autogolpe de Estado que se basa en la excepcionalidad y en la vulneración de libertades fundamentales como la de expresión, el derecho a la defensa, etc. Y tras esta dinámica de autogolpe se encuentran los sectores más ultras del PP, de la judicatura, la Guardia Civil; y el objetivo, impedir el cambio político tanto aquí en Euskal Herria como en los Països Catalans y en el Estado español en su conjunto.

Ante un Estado que niega derechos básicos y cuya oferta no va más allá de negar cualquier realidad política que no sea la española, hemos decidido poner en marcha la via propia y unilateral hacia la independencia. Y por eso hemos puesto sobre la mesa la propuesta de la Vía Vasca. Hay un camino posible que nos lleve a que se garanticen nuestros derechos como pueblo, que nos lleve hasta el ejercicio del derecho a decidir como pueblo.

Es el momento de mirar hacia delante con optimismo, la única alternativa es la independencia. Y para eso hay que acumular, unir fuerzas para definir un camino propio y para llevar hasta las últimas consecuencias las ansias de libertad de este pueblo. Porque, queremos subrayar esta idea, el Estado español no tiene ni tampoco va a tener oferta democrática alguna para nosotros. Dentro de España los vascos y vascas jamás conoceremos la paz.

Los ciudadanos y ciudadanas vascas tenemos derecho a vivir sin imposiciones; sin guardia civil, sin violencia, sin amenazas, sin miedo... Y el compromiso de SORTU con ese objetivo es más firme que nunca.