El TSJPV ha decidido procesar a Hasier Arraiz por injurias y queremos dar nuestra opinón al respecto.
En primer lugar hay que decir que el procesamiento al presidente de Sortu supone la vulneración de un derecho básico como es el de libertad de expresión. En este Estado, fuera del esquema ideológico español, fuera del sistema económico imperante o la moral que algunos desean imponer, las opiniones que se sitúan fuera de esos márgenes están perseguidas y en muchos casos criminalizadas.
La prueba es que se sigue procesando a personas por sus opiniones públicas -y no es la primera ocasión en el caso de Hasier Arraiz-. Y se sigue encausando a ciudadanos vascos por su ideología como a los jóvenes de Ernai que estaban hoy en la Audiencia Nacional.
Estamos ante una judicialización de la política disidente; en el Estado español existe una persecución ideológica contra la disidencia desde las instancias policiales y judiciales y nos remitimos a los hechos.
Queremos subrayar un hecho, y es que la Guardia Civil y otros cuerpos policiales no son meros ejecutores de órdenes judiciales sino que también se arrogan la competencia de vigilar y coartar el ejercicio de derechos básicos como son el de libertad de expresión, y también el de reunión y actividad política; controlando movimientos de personas, el funcionamiento de partidos legales y elaborando listados de lo que antes se llamaba "desafectos al régimen".
Y en ese contexto hay que reafirmar el mensaje por el que Hasier Arraiz va a ser encausado, porque hay que recordar que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional son herramientas de excepción en este país; su papel es nocivo desde el punto de vista de la protección de los DDHH y políticos, y por eso es por lo que pensamos que como instrumentos de excepción deben desaparecer de nuestras vidas y dar paso a un servicio de policía respetuoso con los DDHH y una administración de justicia garantista y que sirva para consolidar la paz.
Pensamos que no es solo nuestra opinión; creemos que es mayoritaria en la sociedad vasca y que en este país la desafección hacia la Guardia Civil y los tribunales de excepción es masiva y hasta un signo de identidad propio.
