La Audiencia Nacional acaba de negar el derecho a indemnización como víctimas del terrorismo a varias víctimas de los GAL bajo la acusación de supuesta pertenencia a ETA.
Sortu considera que estamos ante una decisión contraria a los principios más elementales de la práctica judicial, ya que la AN ha rechazado que para acreditar la referida participación o pertenencia tenga que existir una sentencia penal que así lo declare; según la decisión adoptada es suficiente con que se disponga de "datos objetivos", y así los magistrados se han basado única y exclusivamente en informes policiales y no en hechos delictivos sentenciados.
El ideario que sus promotores dieron en origen a los GAL sigue estando presente en esta sentencia de la AN. A entender de Sortu la sentencia viene a justificar que una persona pueda ser víctima de una ejecución extrajudicial si subjetivamente tiene alguna vinculación con una actividad delictiva, en este caso ser miembro de ETA; y así lo recoge al negar a dichas personas el derecho a indemnización como víctima del terrorismo.
Es triste y a la vez esclarecedor constatar que ciudadanos vascos asesinadas por personas a sueldo del Estado no tengan derecho a ningún tipo de reparación ni indemnización. Cabe concluir por lo tanto que hace 30 años las alcantarillas del Estado asesinaron sin que hoy sus víctimas tengan ningún tipo de derecho reconocido.
Además de todo esto, a nuestro entender es extremadamente grave que para acreditar la pertenencia a un grupo armado -o sea, un delito- no sea necesaria una sentencia judicial sino que tan solo esa acusación se "infiera racionalmente de datos objetivos"; o sea, un mero informe policial, acusaciones mediáticas u opiniones publicadas en ese sentido. Una información de ese tipo es suficiente para endosar un delito gravísimo y que en este caso victimiza doblemente a las personas asesinadas por los GAL al negar a los fallecidos el derecho a indemnización alguna.
Entre los casos que habían sido recurridos es llamativo que hayan negado la indemnización como víctima a José Antonio Lasa, secuestrado, torturado y asesinado por guardias civiles, entre ellos el general Rguez. Galindo. No hay sentencia judicial alguna contra Lasa, solamente informes de las FCSE, esas fuerzas a las que pertenecían los asesinos de Zabala.
Parecido es el caso de Josu Muguruza a cuya familia han negado la indemnización como víctima; diputado electo en Madrid en el momento de su asesinato, ha visto denegada cualquier reparación alegando su presunta militancia en ETA con el único soporte de un informe policial, cuerpo al que precisamente pertenecía el policía nacional que lo asesinó.
Es especialmente significativo que mientras el Gobierno de España y el Partido Popular intentan imponer un relato de parte atribuyendo la utilización de la violencia única y exclusivamente a ETA se intente acallar la realidad de las víctimas de los parapoliciales y el terrorismo de Estado negando a las familias de los asesinados cualquier tipo de reparación.
El Estado español, esta vez por medio de la AN está despreciando a las víctimas del terrorismo de Estado, las victimiza doblemente negando su reparación y de este modo lanza la idea de que el terrorismo de Estado no debe reparación alguna a sus víctimas por ser éstas disidentes independentistas.
Sin duda alguna, se trata de una actitud totalitaria que deja en evidencia una vez más la doble moral del Gobierno español a la hora de abordar sus responsabilidades en lo relativo a las víctimas que sus funcionarios policiales y mercenarios pagados con dinero publico provocaron. No hay categorización de víctimas y derechos según su victimario; no hay víctimas de primera ni de segunda, todas tienen derecho a conocer la verdad, reconocimiento y reparación. En ese sentido la actitud de la administración española a todos los niveles es especialmente sangrante y totalmente denunciable; estamos hablando una vez más de una auténtica burla a las víctimas del terrorismo de Estado.
