Para afrontar el futuro es indispensable:

• tener una idea clara de nuestro pasado.
• entender bien dónde nos encontramos en cada momento.
• y definir cuál es el camino que hay que seguir en adelante.

En ese proceso dialéctico, el rumbo que se escoge de cara al futuro nunca es neutro. Es una elección política, es el plan político que se decide para alcanzar los objetivos marcados.

Históricamente, la Izquierda Abertzale ha enmarcado la salida del conflicto dentro de un proceso de negociación. En una primera etapa, su oferta fue la Alternativa táctica KAS de 1978, dándose en 1989 las primeras conversaciones políticas entre el Gobierno español y ETA, en la Mesa de Argel. La segunda etapa vino de la mano de la Alternativa Democrática de 1995. En esa etapa se dieron dos acontecimientos: por una parte, el proceso de Lizarra-Garazi de 1998, que incluía la resolución del conflicto; por otra parte, tras la propuesta "Orain Herria Orain Bakea" de 2004, el proceso de negociación reflejado por las mesas de Loiola y Ginebra, en 2006-7.

Con el cambio de estrategia, Zutik Euskal Herria (en 2010) puso en marcha la tercera etapa, planteando el encauzamiento de las consecuencias del conflicto como primera etapa de un proceso dividido en tres fases. Tras realizar el cambio de estrategia por decisión propia, es decir, tras tomar la decisión que le llevó a dar por terminado el recorrido de la lucha armada, la Izquierda Abertzale se marcó como primera tarea poner en vías de solución las consecuencias del conflicto.

Mediante su propia actuación unilateral, es decir, en base a nuestras propias decisiones, la Izquierda Abertzale tiene como objetivo facilitar, encauzar e impulsar acuerdos lo más amplios posibles mediante el trabajo en común con el mayor número posible de ciudadanos y agentes vascos. La actuación unilateral de la Izquierda Abertzale es una actuación e inversión política que busca aunar en nuestro pueblo voluntades políticas multilaterales y esfuerzos plurales que posibiliten avanzar hacia la resolución de las consecuencias del conflicto y, cómo no, hacia la soberanía y la independencia.

Actuando en esa dirección, con ZEH nos marcamos como primera tarea dar solución a las consecuencias del conflicto, algo tan deseado como necesario en el seno de la Izquierda Abertzale. Y, al poner en marcha el nuevo tiempo, quisimos buscar la solución de las consecuencias del conflicto mediante la bilateralidad, es decir, por la vía del diálogo y el acuerdo con los gobiernos español y francés.

Al igual que los agentes internacionales, y en base a la lectura política que hacía en aquel momento, la Izquierda Abertzale esperaba que por parte de los gobiernos español y francés empezaran a producirse movimientos encaminados a buscar alguna solución a las consecuencias del conflicto. Basándose en su experiencia y conocimiento, los agentes internacionales consideraban que el escenario creado por ETA tras dar por cerrado el ciclo de la lucha armada era extraordinariamente apropiado para buscar una solución al conflicto vasco, ya que la situación que se abría para ambos Estados a parti r del 20 de octubre de 2011 era la más idónea para empezar a buscar soluciones, máxime teniendo en cuenta el mensaje que se había venido escuchando durante años por boca de todos los gobiernos y partidos políticos, el mensaje de que "sin lucha armada se podrá hablar de todo". Tanto a nivel internacional como en el seno de la sociedad vasca y la Izquierda Abertzale se esperaba entrar en la vía de resolución del conflicto.

Tanto los agentes internacionales como la Izquierda Abertzale teníamos razones para esperar que eso pudiera ser así. Repasemos lo sucedido antes de la Conferencia de Aiete, sepamos en qué contexto se celebró la Conferencia.

Relato de lo sucedido antes de la Conferencia:

• Es la primera vez que la Izquierda Abertzale hace público casi todo lo que vamos a exponer hoy aquí.
• Todo lo que vamos a dar a conocer aquí en nombre de Sortu ha sido recogido en su integridad de manos de los mediadores o facilitadores internacionales.
• En una reunión a la que nos convocaron unos días antes de la Conferencia de Aiete, los mediadores internacionales nos dieron a conocer los detalles de la situación gestada a lo largo de 2011. Concretamente, esa información la recibimos el 8 de octubre de 2011. Nos dieron detalles en torno a la Conferencia que se iba a celebrar en breve.
• Nos hicieron saber que la Conferencia de Aiete era fruto de la dinámica de relaciones mantenida por los mediadores internacionales con el gobierno del PSOE y con la organización ETA, y que su trabajo como facilitadores contaba con la aprobación de ambas partes.
• Le explicaron a la Izquierda Abertzale en qué sentido aceptaba el gobierno del PSOE la labor de los mediadores internacionales. Es decir, "facilitador que recaba pasos o contenidos acordados unilateralmente por cada parte (Gobierno y ETA) para avanzar con el Agente Internacional como canal, testigo y dinamizador de su desarrollo". Así pues, la labor de los facilitadores estaba legitimada y, junto con ello, el gobierno español también admitía que adquiriría compromisos con los facilitadores.
• Los mediadores internacionales nos informaron sobre un documento que era resultado de la dinámica de relaciones que habían mantenido por separado con ambas partes.
• Dicho documento llevaba por título "Hoja de ruta resultante".
• El documento dado a conocer por los mediadores tenía el beneplácito del gobierno del PSOE y de la organización ETA. Era un documento de dieciséis puntos. A decir verdad, los mediadores internacionales subrayaron que todos los puntos no contaban con el visto bueno del gobierno español y que algunos de ellos quedaron pendientes de desarrollarse más adelante.
• Los puntos significativos que tenían el visto bueno eran los siguientes:
  • Excarcelación de los presos gravemente enfermos.
  • Mejora de las condiciones de vida de los presos.
  • Traslado escalonado de los presos políticos vascos a Euskal Herria.
  • Establecimiento de la delegación de ETA en un estado europeo.
  • Los temas que la delegación de ETA debía estudiar y acordar con los representantes del gobierno español eran los siguientes:
    • Vuelta a casa de los presos
    • Regreso de los refugiados
    • Desarme
    • Desmilitarización 
    • y puesta en marcha medidas de ayuda para la reincorporación a la vida social de los presos y refugiados tras su regreso.
  • Celebrar la Conferencia de Aiete, con la colaboración del gobierno español.
  • Apoyar política e institucionalmente la vía para que la Izquierda Abertzale ilegalizada recuperara la situación de legalización.

Los principales partidos políticos, entre ellos el PP, tuvieron conocimiento de la labor realizada por los facilitadores internacionales y de los compromisos alcanzados con ambas partes.

Sin embargo, como es sabido, tras las elecciones generales de noviembre de 2011 el gobierno del PP no aceptó ni la hoja de ruta acordada por el gobierno del PSOE con los mediadores internacionales ni los compromisos adquiridos. El gobierno del PP respondió diciendo que ponía el contador a "0", aunque permitió que la delegación de ETA permaneciese durante meses en el lugar en el que estaba y, tal y como ha hecho saber recientemente David Pla, incluso envió un mensajero a estar con la delegación de ETA.

En cualquier caso, el resultado es evidente: el PP ha desarrollado desde el primer momento una estrategia contraria a la resolución. El PP tenía tres opciones tras las elecciones de 2011:

• Desarrollar la hoja de ruta iniciada con Aiete era una de ellas;
• La otra, desarrollar una política de dureza en la línea de la actitud que había mantenido desde la oposición a partir de 2004, poniendo en marcha una involución total e inmediata;
• Y una tercera basada en acometer una estrategia que tenía y tiene como objetivo erosionar el proceso abierto por la Izquierda Abertzale (estrategia que hemos calificado como inmovilismo pero que en realidad tiene poco de inmovilismo). Ese es el camino que ha escogido y ejecutado a lo largo de toda la legislatura.
• Políticamente, la estrategia que busca erosionar el proceso no es sino involución. La segunda y tercera opciones que hemos mencionado se diferencian únicamente en los métodos y la envergadura de las medidas.

El gobierno de Rajoy decidió no cumplir la "Hoja de ruta resultante" acordada por el gobierno de Zapatero con los facilitadores internacionales, poner el contador a "0" y actuar de lleno contra la resolución. Sí, eso es lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, pero la mayoría de la sociedad vasca desea que se solucionen las consecuencias del conflicto, porque el deseo mayoritario es alcanzar el escenario de normalización política que se merece nuestro pueblo.

Ha habido elecciones generales, y puede que tengan que repetirse, pero más pronto o más tarde se formará el nuevo gobierno. Y exigimos al nuevo gobierno que cumpla los compromisos adquiridos en 2011 por el gobierno de entonces, le emplazamos a ello, porque el compromiso del gobierno del PSOE era un compromiso de Estado tomado para superar la principal cuestión de Estado. No era de ninguna manera el mero compromiso de un gobierno de determinado color. Era el compromiso de Estado que adquiría el gobierno en nombre del Estado para dar solución a la primera y más prioritaria cuestión de Estado. Es así como hay que considerarlo, y a día hoy, en 2016, ese compromiso de Estado no se ha cumplido. Y el Estado español está obligado a cumplirlo, porque es un compromiso adquirido también ante la comunidad internacional y porque se lo debe a la sociedad vasca.

Por lo tanto, exigimos al nuevo gobierno español que saque del cajón la denominada "Hoja de ruta resultante" y que la cumpla empleando los medios necesarios para ello.

Queda expresada la exigencia al futuro gobierno español, pero es preciso realizar una lectura sobre la política de Estado tanto sobre la desarrollada estos últimos años por el gobierno del PP como la que se pueda atisbar a futuro.

En lo relativo a las consecuencias del conflicto, es decir, al desarme y a la vuelta a casa de presos y refugiados, en primer lugar debemos tener presente que el Estado español no tiene voluntad política para la resolución. No tiene voluntad política en el terreno de las consecuencias del conflicto y menos aún en lo relativo a reconocer el carácter nacional de Euskal Herria y aceptar el Derecho de Autodeterminación.

Se trata de una estrategia de Estado, y no de la política de un gobierno de determinado color o partido. Es resultado de una lectura compartida. Y lo que subyace en la base de todo es la política del relato de vencedores y vencidos. La estrategia que se está desarrollando en contra de la resolución tiene como objetivo imponer el relato del vencedor. Si actuase a favor de la resolución, el Estado español tendría que afrontar necesariamente la cuestión que se halla en la raíz del conflicto, y no tiene ninguna voluntad para ello, porque no desea un escenario que posibilite la confrontación democrática en igualdad de condiciones entre diferentes proyectos políticos. Ese es el escenario que le quiere negar a Euskal Herria, de la misma manera que se lo niega a Catalunya.

Desde su perspectiva, el Estado considera que no gana nada con la resolución de las consecuencias del conflicto. Es más, considera que lo único que hace es perder. Piensa que un escenario resolutivo debilitaría la posición del Estado. Por lo tanto, se valora que todo aquello que suene a resolución, incluido cualquier gesto, cualquier cosa que se haga o cualquier paso que se dé, por pequeño que sea, impulsa el proceso, es decir, alimenta el proceso de liberación. La lectura a nivel de Estado se hace en términos políticos, porque el Estado sabe mejor que nadie que los presos y refugiados son una consecuencia del conflicto político.

Gracias al proceso abierto por la Izquierda Abertzale se han creado condiciones para desarrollar líneas políticas y sociales renovadas en los diferentes ámbitos de las consecuencias del conflicto, especialmente en el terreno de los derechos y la vuelta a casa de presos y refugiados. Las grandes manifestaciones que se han realizado en los últimos años a favor de los derechos y la vuelta a casa de presos y refugiados han sido las mayores que se han conocido nunca en Euskal Herria. Lo que se vio el pasado sábado en las calles de Bilbo y Baiona ha sido el último reflejo de ello.

Además, todas las encuestas que se han publicado en Euskal Herria demuestran muy claramente que la inmensa mayoría de la sociedad vasca está en contra de la dispersión de los presos, que no quiere que nadie tenga que seguir preso o huido por razones políticas o, dicho de otra manera, que desea la normalización política.

Sin embargo, en lugar de responder con pasos constructivos a ese deseo tan extendido, el gobierno español actúa precisamente en la dirección contraria, aplicando la criminalización y la represión. Aplica la criminalización y la represión con el objetivo de obstaculizar la acumulación de fuerzas que como consecuencia de la nueva dinámica política y social se va consolidando en toda Euskal Herria en espacios sociales cada vez más amplios, buscando debilitar así la presión popular a favor de la resolución de las consecuencias del conflicto. Para ello, actúa tanto contra el movimiento popular como contra las personas que trabajan en los diferentes ámbitos de la asistencia.

En este momento, 46 personas se encuentran encausadas por ese motivo, y algunas de ellas están en prisión. 46 militantes que trabajan en defensa de los derechos y la vuelta a casa de los presos, 46 voluntarios de esa causa. Es necesario denunciar la grave situación que sufren dos de esas personas que están en prisión, porque lo que se le está aplicando a Arantza Zulueta y Jon Enparantza es tortura. No tiene otro nombre.

Esa estrategia represiva en contra del movimiento y las personas voluntarias que trabajan por los derechos y la vuelta a casa de presos y refugiados deja muy claro que en Euskal Herria no se da una situación de paz, y mucho menos de normalización política. En Euskal Herria y fuera de ella, los derechos humanos de muchos ciudadanos vascos son vulnerados todos los días. A día de hoy, el principio "todos los derechos para todos los ciudadanos vascos" sigue siendo una reivindicación y una necesidad urgente en Euskal Herria.

Así las cosas, afirmamos con total rotundidad que en Euskal Herria es imposible hablar en pasado sobre el fenómeno de la violencia. En Euskal Herria podemos hablar de las víctimas habidas como consecuencia de una sola violencia. Y eso es así porque la violencia del Estado sigue viva en Euskal Herria y porque las vulneraciones de los derechos humanos de los presos políticos vascos son una realidad cotidiana a lo largo y ancho de ambos estados.

Por eso decimos que en Euskal Herria es imposible hablar del pasado de la violencia, porque hoy, 12 de enero de 2016, una violencia sigue viva en Euskal Herria, y esa violencia está causando víctimas. Hoy, los Estados español y francés están causando víctimas en Euskal Herria, las víctimas de su violencia. Y eso es un problema político que hay que superar con carácter prioritario.

Emplazamos a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea a que tomen las medidas necesarias para hacer que las vulneraciones de derechos humanos desaparezcan de la ecuación política vasca con carácter prioritario. Ambos gobiernos son los máximos órganos de las dos principales instituciones y, por encima de cualquier otra instancia, a ellos les corresponde garantizar que no haya violencia política ni vulneraciones de derechos humanos, al menos en Hego Euskal Herria.

Y hacemos un llamamiento especial al gobierno de Gasteiz para que deje de hablar en pasado sobre las consecuencias de la violencia, porque es una gran mentira, y para que admita la realidad y se implique de lleno en cambiarla. Emplazamos al gobierno de Urkullu a admitir que la violencia del Estado español es una realidad y a actuar con determinación política e institucional para hacer que desaparezca de la ecuación política vasca. La Izquierda Abertzale le acompañará en ese camino, y tenemos la plena seguridad de que también lo hará la mayoría de la sociedad vasca.

En este 2016 vamos a realizar el proceso "Abian", partiendo de la base de "Zutik Euskal Herria". Vamos a tomar decisiones que traerán consigo readecuaciones. En este momento, la Izquierda Abertzale se va a sumergir en un nuevo proceso interno. En dicho proceso vamos a hacer balance de los últimos años, vamos a analizar el contexto actual, vamos a establecer las readecuaciones que requiere la estrategia política trazada en Zutik Euskal Herria, y vamos a concretar el modelo organizativo que necesita la Izquierda Abertzale para la dinamización política de los retos que va a asumir.

Todo eso se va a hacer con el proceso Abian y, sin restar protagonismo alguno a lo que se debe hacer en dicho proceso, es procedente exponer algunos apuntes sobre lo que ha dado la época de Zutik Euskal Herria, apuntes que ya se están trabajando en el seno de la Izquierda Abertzale. Con ZEH concretamos en tres fases la línea de actuación política a seguir en adelante: fase de solucionar las consecuencias del conflicto, fase de conformar el ámbito jurídico y político de la unidad territorial incluyendo el derecho a decidir, y fase de ganar la independencia.

Teníamos presente que esas fases no son rígidas, no son consecutivas, sino que van entrelazadas, pero, aunque los acontecimientos y la situación así lo requerían, no hemos sabido adecuar nuestra actuación. La Izquierda Abertzale tenía suficiente escarmiento sobre la manera de actuar del gobierno español, sabíamos que en más de una ocasión ha incumplido lo acordado. Lo sabíamos y entraba dentro de nuestros cálculos que podía volver a suceder.

La actuación unilateral de la Izquierda Abertzale era y es un instrumento para actuar sin esperar a los Estados, es un medio para no jugar únicamente a la carta de la bilateralidad. Así lo establecimos con Zutik Euskal Herria, pero no hemos acertado en su aplicación política. El esquema histórico bilateral para la resolución de las consecuencias del conflicto político, el hipotético escenario político que esperábamos tras la desaparición de la lucha armada y los compromisos adquiridos por los facilitadores internacionales con el gobierno español y con ETA son factores que nos han llevado a desarrollar ZEH con un criterio político excesivamente rígido.

El objetivo de la primera etapa era dar una salida a las consecuencias del conflicto o, por lo menos, ponerlas en vías de solución. No cabe duda de que, en gran medida, esa línea de actuación política trazada en ZEH estaba demasiado atada a las maneras de pensar, los esquemas y las formas de actuar del pasado.

Además, se enmarcaba dentro de un planteamiento político demasiado rígido. Debemos reconocer que los Estados han conseguido colapsar en cierta medida el proceso de resolución, especialmente en Hego Euskal Herria pero no así en Ipar Euskal Herria.

El tiempo nos ha demostrado claramente que es necesario adecuar la línea de actuación establecida.

• No podemos seguir a la espera de la bilateralidad. No la descartamos, tenemos que reivindicarla, pero sin limitarnos políticamente a ello.
• Debemos situar la vuelta a casa de presos y refugiados dentro del proceso político general.
• Tenemos que situar la resolución de las consecuencias del conflicto dentro del desarrollo del proceso soberanista o independentista, más que en una estrategia de fases.

Ahora bien, adecuar nuestra línea de actuación no significa que la vuelta a casa de presos y refugiados deje de ser un objetivo de primer nivel para la Izquierda Abertzale; por supuesto que lo es, y la Izquierda Abertzale seguirá luchando para que estén entre nosotros cuanto antes, pero, eso sí, dentro de una estrategia política independentista que debe ser eficaz y fructífera.

Hoy como ayer, la vuelta a casa de presos y refugiados es una prioridad para la Izquierda Abertzale, y lo seguirá siendo en el futuro, si bien esperamos que ese futuro no sea muy largo. Hasta que todos vuelvan a casa esa será siempre nuestra prioridad. Y esa realidad insoslayable seguirá teniendo gran peso político en la actuación de la Izquierda Abertzale.

Es responsabilidad de toda la Izquierda Abertzale impulsar las dinámicas amplias que ya están en marcha y fortalecerlas con su participación, cuidando siempre su carácter plural para así facilitar el compromiso y la implicación del mayor número de gente posible, difundiendo en nuestro entorno la necesidad de un trabajo organizado a favor de los presos y garantizando un ambiente de trabajo adecuado.

Las correcciones, reorientaciones o readecuaciones que vaya a hacer la Izquierda Abertzale se deberán conjugar con la propuesta de la "Vía Vasca para la Paz" presentada por Euskal Herria Bildu, es decir, con la hoja de ruta que también es de la Izquierda Abertzale para la resolución de las consecuencias del conflicto político.

La Vía Vasca para la Paz es una única hoja de ruta de cuatro carriles. Sitúa en cuatro ámbitos el trabajo a realizar en torno a las consecuencias del conflicto: víctimas y memoria, política penal y penitenciaria y retorno de las personas huídas, desarme y desmilitarización.

Víctimas y memoria

Todas las víctimas tienen los mismos derechos de reconocimiento, reparación y garantía de no repetición. Se plantea elaborar una base de datos que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos.

Basado en el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad también se plantea la creación de una "Comisión de la Verdad", porque se considera fundamental conocer todas las verdades que componen la verdad.

Política penal y penitenciaria y retorno de las personas huídas

La convivencia normalizada que queremos para nuestro pueblo requiere alcanzar una situación en la que no haya ninguna ciudadana ni ningún ciudadano vasco privado de libertad o que se haya visto en la obligación de fijar la residencia fuera del país por convicciones políticas.

En un nuevo tiempo que tiene como objetivo la paz y la convivencia, es necesario adecuar la legislación a la nueva realidad política y devolver la política penal, penitenciaria y procesal excepcional a la legislación ordinaria.

En lo relativo a las presas y presos vascos, es necesario eliminar cuanto antes todas las medidas excepcionales que vulneran sus derechos. Junto con ello, es preciso acabar con el alejamiento y la dispersión.

Las competencias en materia penitenciaria deben ser transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra.

Se fomentará la búsqueda de acuerdos amplios que favorezcan el proceso de reintegración de las presas y presos vascos mediante acuerdos entre fuerzas políticas y en las instituciones con la participación de los presos y las presas. El proceso de reintegración de las y los presos vascos se realizará por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada, para lo cual será necesario poner en marcha un plan de "excarcelación condicional anticipada".

En lo que respecta a las personas huidas, se facilitará el proceso de retorno. Para ello, por una parte, se procederá a un proceso de regularización en el caso de quienes no tengan causas pendientes; por otra parte, y con el fin de regularizar la situación de quienes tengan causas pendientes, se abogará por la elaboración de una legislación específica que regule la materia.

Desarme

Se plantea como objetivo alcanzar un escenario de desarme mediante la destrucción de los arsenales de ETA. En primer lugar, culminando a la mayor brevedad posible el proceso de sellado y verificado de los arsenales de ETA y, a continuación, creando una Comisión Independiente de Desarme, la cual diseñaría y llevaría hasta el final en un tiempo prudencial un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con la destrucción de los arsenales de ETA.

En esa tarea sería de suma importancia dar a dicha iniciativa la máxima cobertura y legitimidad política, institucional y social. Para ello, se considera fundamental la participación constructiva de los gobiernos de la CAPV y la CFN y de los partidos políticos y agentes sociales de toda Euskal Herria.

En el proceso de desarme deberían tomar parte tanto la sociedad vasca como los agentes políticos vascos y las instituciones vascas.

Desmilitarización

Siendo el objetivo final que la variable de las armas desaparezca definitivamente de la ecuación del conflicto vasco, se considera necesaria la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la asunción por parte de los Cuerpos de Policía Vascos de las tareas de protección y servicio a la ciudadanía.

Para ello será necesario elaborar y consensuar un plan para la retirada escalonada de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El plan y los criterios de repliegue escalonado de las Fuerzas de Seguridad del Estado se aprobarán en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea y posteriormente se acordarán con el gobierno español.

Para el logro de una Euskal Herria normalizada y en paz se hace imprescindible la participación de los diversos agentes sociales alcanzando acuerdos de diversa índole. Se debería abrir una dinámica compartida entre agentes sociales, políticos y sociales con la participación del Colectivo de Presos.

En 2013, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos tomó importantes decisiones en su último proceso de debate, entre ellas las siguientes:

• Iniciar el procecimiento para el traslado a Euskal Herria de todo el Colectivo. EPPK considera prioritario el agrupamiento de todo el Colectivo en la cárcel de Zaballa, y lo hace por tres razones: porque quieren estar en cárceles de Euskal Herria, porque tienen derecho a ello, y porque el Colectivo quiere ser un agente directo en el nuevo proceso abierto en Euskal Herria.
• Reconocer el daño causado como consecuencia de su actividad.
• Superar la legislación de excepción y aceptar la aplicación de la ley ordinaria, rechazando totalmente el arrepentimiento y la delación.

El Estado y la clase política en general se limitan a invalidar los pasos dados por EPPK y a exigir la aplicación de la legislación de excepción. Los Estados actúan con los presos de la manera más cruel posible, tanto vulnerando sus derechos como, en general, dificultando la situación del Colectivo.

Sin restar importancia ni valor a los pasos dados por EPPK y teniendo presente la cerrazón de la estrategia de los Estados, se considera un ejercicio político indispensable por parte de EPPK que aborde una reflexión sobre la adecuación que necesitaría su caracterización y sobre el camino a seguir en el proceso de excarcelación, dándo nuevos pasos en esa dirección. Se considera que debería ser algo a desarrollar tras el proceso Abian, en el cual EPPK participará de lleno.

EPPK ha dado pasos con el proceso de debate de 2013, pero a día de hoy sigue manteniendo las características políticas y los parámetros de lo que en la Izquierda Abertzale se ha conocido históricamente como frente de cárceles. La caracterización actual de EPPK corresponde a otra época política. EPPK era uno de los principales exponentes de una estrategia ya superada, y ahora el colectivo de presos necesita otra caracterización, pues así lo exigen el cambio de estrategia y el nuevo tiempo político.

La recaracterización del colectivo de presos políticos vascos y el reto de la vuelta a casa de presos y refugiados son dos aspectos que deben ir completamente entrelazados, es decir, los presos políticos vascos son parte de la estrategia independentista que actualmente se desarrolla por vías políticas y democráticas, son parte de la estrategia independentista que se desarrolla exclusivamente por dichas vías y, junto con ello, el camino para la excarcelación de los presos vascos debería enmarcarse dentro del proceso soberanista e independentista. Los Estados pretenden condicionar el proceso independentista utilizando a los presos como rehenes. Por esa razón decimos que traeremos a casa a los presos y refugiados llevando adelante el proceso independentista e integrándolos en él, y que en ese camino habría que trabajar también el ámbito jurídico, junto con el ámbito político y social.

Esbozando la línea de actuación para el ámbito político y social

El ámbito que la Izquierda Abertzale ha caracterizado históricamente como "Frente de cárceles" se ha ido remodelando en los últimos años. En comparación con lo que en su día fue el Movimiento Pro Amnistía, así lo refleja la nueva filosofía de trabajo que ha adoptado la dinámica popular primero con Herrira y ahora son Sare.

Sin embargo, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos, que ha sido el principal símbolo y exponente del "frente de cárceles", no ha pasado de ser el símbolo y exponente del "frente de cárceles" de otra época a ser el exponente del proceso político independentista y, junto con ello, no se ha adecuado a la nueva realidad de ser una consecuencia del conflicto político.

Para poder llevar a cabo la recaracterización mencionada, con el proceso Abian el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos debería pasar a adquirir el carácter de Colectivo que haga su aportación al proceso político independentista.

Decimos que la resolución de las consecuencias del conflicto se debería integrar dentro del desarrollo de la estrategia política general, es decir, dentro de la estrategia independentista, y que el colectivo de presos debería desarrollar su actuación en dos planos:

• Por un lado, siendo parte del proyecto independentista, los presos vascos deberían hacer su aportación política al proceso independentista como presos independentistas.
• Dado que en el nuevo tiempo político el colectivo de presos vascos ha pasado a ser una consecuencia del conflicto, debería hacer su aportación en el terreno de la resolución, contribuyendo a la vía de las soluciones.

Con su nueva caracterización, el colectivo de presos independentistas vascos también debería desarrollar su política de relaciones desde una nueva perspectiva:

• Creando una relación particularizada con los agentes políticos, sociales o sindicales, abierta a cualquiera que desee mantener una relación con los presos políticos independentistas vascos.
• Desarrollando de otra manera el trabajo en común para el traslado a Euskal Herria y la vuelta a casa de los presos independentistas vascos. Impulsando nuevas posibilidades de trabajo en común con todos los agentes dispuestos a trabajar por el traslado a Euskal Herria y la vuelta a casa de los presos independentistas vascos, para trazar y decidir de manera compartida el camino a recorrer hasta su vuelta a casa. Es decir, compartiendo con todos los agentes vascos y con las instituciones vascas el traslado a Euskal Herria de los presos vascos y la vuelta a casa de todos los presos y refugiados, ya que la cuestión de los presos y refugiados es una cuestión que debe ser superada por la sociedad vasca, por todos los agentes vascos y por las instituciones vascas junto con los presos.

Esbozando la línea de actuación para el ámbito jurídico

Teniendo en cuenta el escenario al que nos enfrentamos, debemos tener presente el papel que jugarán la legislación y las medidas jurídicas en el plan para la vuelta a casa de presos y refugiados. Dado que la salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa, se deberá dar desde el desarrollo de la legislación, y es necesario prepararse para ese escenario.

Por lo tanto, el ámbito jurídico (y penitenciario) es una vía que habrá que utilizar, rechazando siempre el arrepentimiento y la delación, porque son medidas de excepción que se utilizan única y exclusivamente contra los presos vascos, porque son injusticias contrarias a la dignidad de la persona y porque no suponen sino un obstáculo para encauzar la normalización política de nuestro pueblo. Al igual que las políticas de excepción, también deben anularse las medidas incluidas en la legislación de excepción.

Algunos pasos jurídicos ya se están desarrollando, y pensamos que es necesario trabajar los contenidos de otros y recorrer el camino tomando la iniciativa. Es tiempo de actuar con audacia, y el colectivo de presos vascos debería dar el paso de actuar con audacia también en el ámbito jurídico. Evidentemente, la decisión le corresponde al colectivo de presos vascos.

Y aunque sea tratado como último capítulo hoy aquí, la participación o intervención social, aquella que tiene a la ciudadanía y los agentes sociales por protagonistas, necesariamente hay que situarla en primer plano

Sin ninguna duda, es indispensable la participación de diferentes agentes en la resolución de las consecuencias del conflicto político y, en ese sentido, la Izquierda Abertzale le da una importancia enorme a la participación de la sociedad vasca y a los agentes que trabajan a favor de los derechos y la vuelta a casa de los presos políticos vascos.

El impulso decisivo para la vuelta a casa de los presos vascos vendrá de la mano del movimiento popular, y no cabe ninguna duda de que la vuelta a casa de los presos vascos se conseguirá gracias a la acción de la ciudadanía, mediante acciones expresadas en miles de compromisos de diverso tipo. Para ello, el objetivo es organizar un movimiento popular lo más amplio posible. En nuestra opinión, Sare y Bagoaz son las organizaciones sociales que agrupan miles de voluntades diversas a favor de los derechos y la vuelta a casa de presos y refugiados, y desde la Izquierda Abertzale les expresamos nuestro apoyo y admiración. Animamos a ambos organismos de Hego e Ipar Euskal Herria a seguir en su labor y les decimos que contarán con todo el apoyo de la Izquierda Abertzale.

Sare y Bagoaz tienen todo el reconocimiento de la Izquierda Abertzale como instrumentos sociales para aunar fuerzas a favor de los derechos y la vuelta a casa de los presos vascos, y hacemos un llamamiento a participar y trabajar en esos organismos populares que aunan fuerzas para traer a casa a presos y refugiados. Todas las personas que queremos a los presos y refugiados en casa debemos agruparnos en Sare y Bagoaz, ya que son organismos que abren las puertas a la unidad entre voluntades diversas.

Así mismo, le otorgamos un lugar especial a Etxerat como asociación de familiares de presos políticos vascos. La asociación de familiares y amigos vive en primera persona la estrategia criminal que se utiliza contra los presos vascos, recorriendo todas las semanas miles y miles de kilómetros y jugándose la vida en las carreteras de España y Francia como en una ruleta rusa.

La asociación Etxerat tiene más legitimidad que nadie para difundir y extender la denuncia, la información y el testimonio de las vulneraciones de derechos que sufren sus familiares presos, y nos parece indispensable que siga adelante con la ingente labor que ha venido realizando hasta ahora. Etxerat es la voz y la cara más directa en la denuncia de la cruel y criminal estrategia del Estado; por eso es indispensable su labor.

Defendiendo los derechos de los presos, trabajando por su traslado a Euskal Herria e impulsando la vía para la vuelta a casa de sus familiares presos, Etxerat está sembrando día a día el camino para alcanzar la normalización política. Etxerat es una asociación de primer nivel en el trabajo para alcanzar un escenario de paz y convivencia.

Para finalizar, no queremos dejar de mencionar el Foro Social de Euskal Herria, pues con los resultados de los seminarios y jornadas de Iruñea, Bilbo y Baiona ha abierto vías propias. Queremos recordar los pasos que han supuesto tanto las Recomendaciones del Foro Social como la Declaración de Baiona, y desearíamos que den continuidad al camino emprendido, pues, como una y otra vez hemos repetido aquí, la sociedad vasca es un agente indispensable y es preciso presentarle diferentes vías y ofertas para que se implique de una manera u otra en compromisos por la resolución de las consecuencias del conflicto.