Hemos denunciado en muchas ocasiones que en este país se ha torturado. Existen miles y miles de denuncias de ciudadanos y ciudadanas que han relatado haber sido objeto de torturas y malos tratos en dependencias policiales durante el periodo de incomunicación.
Estas denuncias no han quedado en eso, en meras denuncias; a muchas de estas personas les han aplicado el Protocolo de Estambul y han podido certificar objetivamente haber sido objeto de torturas.
Se estima que más de 10.000 personas han podido ser víctimas de tortura y malos tratos en dependencias policiales en los últimos 40 años; una investigación científica auspiciada por el Gobierno de la CAV que todavía está sin finalizar tiene documentados más de 5.000 casos, y faltaría por cuantificar esa realidad en Navarra.
A la vista de esos números, salta a la vista que la aplicación de la tortura no ha sido un hecho aislado o el comportamiento ilegal de un funcionario. La tortura se ha aplicado de manera sistemática en este país dentro de un contexto político determinado, y se ha hecho con el objetivo de obtener declaraciones contra la voluntad del detenido, y también, con el propósito de extender el miedo y la guerra psicológica contra una determinada ideología.
Echar tierra contra las denuncias de tortura -cueste lo que cueste- es fundamental para imponer el relato parcial de quienes afirman que aquí no ha habido más violencia que la de ETA. Detener a personas cuando pudieran haber sido fácilmente citadas a declarar; detener a quien denuncia la tortura... todo esto forma parte del "pack-relato" que se quiere imponer desde Madrid. Un ejercicio inútil por otra parte: sabemos, y no olvidamos, que el Estado es responsable de la utilización de la violencia en múltiples formatos contra los derechos políticos más elementales; y con la operación policial de hoy, vuelven a dejar en evidencia que aquí hay una parte -el Estado- que sigue utilizando métodos violentos y que vulneran derechos para imponer una versión de la realidad radicalmente falsa e interesada.
En ese contexto hay que situar la operación policial de esta mañana. La tortura no seria posible si además de quienes la aplican no hubiera otros que le dieran cobertura, y eso se hace de diversas maneras; en unos casos mirando hacia otro lado cuando los detenidos denuncian tortura, en otros ordenando la detención de quien tras su paso por dependencias policiales denuncia haber sido torturado.
Las detenciones de esta mañana es una operación de castigo, especialmente contra una familia que sufrió detención y tortura y que además lo denunció públicamente. Y es especialmente doloroso que llegue tras el juicio a Iker Moreno y otras 4 personas que denunciaron haber sido torturados cuando uno de ellos incluso llegó a pedir ayuda en la firma de su declaración policial.
No tenemos duda de que es una operación de castigo, porque llega despúes de un acuerdo de esos imputados con la Fiscalía que evita el reingreso en prisión; y quienes los detuvieron deseaban que volvieran a la cárcel en base a las declaraciones que en contra de su voluntad hicieron durante su detención y eso no ha ocurrido como consecuencia del acuerdo de los imputados con la Fiscalía. Es el mensaje del miedo: "os habéis librado de esta pero seguimos aquí, recordad lo que pasó, vosotros y vuestras familias estáis en nuestras manos". Intimidación pura y dura que no tiene lugar en un Estado de Derecho.
Acabamos de saber que varios de los detenidos ya han sido puestos en libertad; exigimos que está actuación no traiga ningún tipo de perjuicio a la familia Moreno-Ibañez y al resto de los detenidos. Que se pueda detener a una familia entera y a quienes han denunciado la práctica de la tortura es una vergüenza inaceptable que además supone injuriar y volver a maltratar a las víctimas, en este caso de tortura.
