SORTU desea trasladar a la opinión pública la preocupación sobre dos temas: por un lado, el traslado del preso vasco Josetxo Arizkuren; y por otro, la decisión del Tribunal Supremo, negando la aplicación del código penal 579 bis 4 del nuevo Código Penal a los presos políticos Gotzon Amaro, Gari Arriaga, Alex Velasco y Txema Olaberrieta.

Así, Madrid vuelve a demostrar que el único obstáculo para el cambio de política penitenciaria es el empecinamiento en medidas que vulneran los derechos de los presos políticos y en la aplicación de una lectura de excepción de la legalidad penitenciaria que solo se aplica a los presos vascos.

En el caso de Josetxo Arizkuren su traslado repentino a Murcia es absolutamente denunciable porque se realiza como castigo por su participación -por medio de una carta- en la movilización que miles de ex-presos políticos vascos convocaron el pasado 17 de abril en Bilbao. Una vez más, el Gobierno español penaliza a los presos que como Josetxo Arizkuren se ha significado en público por el fin de la política penitenciaria de excepción y porque el Colectivo de Presos Políticos Vascos adopte una posición acorde al nuevo tiempo político que posibilite la utilización de la legislación penitenciaria ordinaria para avanzar hacia la excarcelación de todas las personas privadas de libertad por motivación política.

En el caso de Gotzon Amaro, Gari Arriaga, Alex Velasco y Txema Olaberrieta, el Tribunal Supremo ha demostrado que sigue aplicando el codigo penal con la más firme voluntad política de castigar con carácter vengativo al preso político vasco.

Esta actitud de las diferentes instancias judiciales responde al enrocamiento que desde el Estado se lleva a la práctica ante la demanda de la mayoría de la sociedad vasca; a un Estado que hace caso omiso al nuevo tiempo abierto, que actúa contra las soluciones y que quiere imponer el relato de vencedores y vencidos.

Ante esta realidad, SORTU hace un llamamiento a movilizarse en defensa de los derechos de los presos y por su vuelta a casa.