Ayer conocimos el informe provisional del Proyecto de Investigación de la tortura en la CAPV (1960-2013) elaborado por un equipo multidisciplinar encabezado por Pako Etxeberria.
Estamos ante un informe provisional; parece que conoceremos el resultado del proyecto en su globalidad a finales de año.
En todo caso, los datos que la investigación aporta en estos momentos son de gran relevancia para dimensionar la utilización de la tortura según las denuncias realizadas contra miembros de diferentes FSE en el periodo 60-13.
De los 4009 casos recogidos por medio de testimonios individuales se han analizado 202 de manera aleatoria.
Tras la aplicación del Protocolo de Estambul de la ONU, la credibilidad global de los mismos ha sido de "consistente, muy consistente o máxima consistencia (41-46-11) en el 98% de los casos y en el 2% restante credibilidad para una tipología de tratos inhumanos o degradantes. Todos ha resultado ser creíbles.
Así mismo, en el momento de aplicar dicho protocolo (en algunos casos hasta 40 años más tarde de haber sufrido tortura), se han detectado trastornos psiquiátricos en el 30% de los casos.
Esa es la constatación de los hechos. Las conclusiones provisionales subrayan estas ideas entre otras:
Estamos hablando de una muestra de 202 entre 4009; y en esa muestra, el índice de veracidad que arroja la aplicación del Protocolo de Estambul es absoluto.
Nos estamos refiriendo en todo momento a ciudadanos y ciudadanas de la CAV; por lo que a esas cifras habría que añadir las denuncias de tortura de ciudadanos y ciudadanas de Navarra en ese mismo periodo.
Esta veracidad aplastante da máxima credibilidad a las denuncias por tortura realizadas; son denuncias de miles de ciudadanos y ciudadanas que relatan haber sido torturados y torturadas por las FSE (PN, GC y Ertzaintza).
Las mismas conclusiones provisionales del estudio recogen que tanto la ONU como el Consejo de Europa han realizado a España recomendaciones reiteradas para que la acción de los médicos forenses se adapte a técnicas y procedimientos internacionalmente reconocidos; recomendaciones que lamentablemente no han sido atendidas por el Estado.
Es especialmente llamativo que de entre las 4009 denuncias de tortura, el 76% correspondan a casos situados a partir de 1975 hasta el 2013; y que el 20% sean relativas a casos acaecidos en la dictadura.
Y estos son los hechos; y me he permitido relatarlos porque son los datos recogidos en el informe, y son los hechos que nosotros hemos venido denunciando durante años y años y ahora es una investigación independiente la que viene a avalar esas denuncias.
Son datos que nos llevan a constatar las siguientes opiniones:
En primer lugar, que la utilización de la tortura contra los detenidos por motivación política en los últimos 50 años no ha sido esporádica ni responsabilidad de funcionarios corruptos. La tortura ha sido aplicada de manera sistemática para perseguir la disidencia política y sembrar el terror entre los sectores sociales más comprometidos con el proyecto independentista.
Este estudio (como otros anteriormente) desmonta de manera inapelable la famosa teoría de unas supuestas órdenes de ETA a los detenidos políticos para denunciar tortura. Claramente en la dirección opuesta, este estudio demuestra la veracidad de esas denuncias y que existe una responsabilidad flagrante por parte de todos los medios y responsables políticos y gubernamentales que extendieron a propósito ese bulo para ocultar la utilización de la tortura por parte de funcionarios públicos.
Destaca la implicación de la Ertzaintza en un porcentaje alrededor del 8% en los casos de tortura denunciados, eso es, más de 300. Este dato es de extrema gravedad porque deja en evidencia que la tortura no es exclusividad española; y la denuncia de su utilización por parte de la policía autónoma pone de relieve responsabilidades aquí en casa, en concreto la de los gestores políticos de ese cuerpo policial en los últimos 30 años. Creemos que son exigibles responsabilidades políticas en el caso del PNV y PSE por haber fomentado y desarrollado un modelo policial que ha dado cobertura a prácticas contrarias al respeto a los derechos humanos; y además porque esto tenía una más que evidente orientación política contra el independentismo. Es necesario que quienes han estado al frente del departamento de Interior asuman sus responsabilidades y den la cara. Y lo mismo por supuesto en el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional que cargan con el baldón de ser los cuerpos policiales denunciados en más de 4000 ocasiones por tortura. Es necesario que quienes han estado al frente del Ministerio del Interior español y jueces y forenses de la Audiencia Nacional en el tiempo de esas 4000 denuncias por torturas a detenidos vascos asuman sus responsabilidades. Madrid nunca ha dudado ni un segundo en pisotear los DDHH de los detenidos; es una constante en el tiempo. Y exactamente como en el caso de los GAL, o incluso hoy día con la política penitenciaria, el fin siempre ha justificado los medios de la política antiterrorista.
Los datos de la investigación del equipo de Pako Etxeberria ponen sobre la mesa una evidencia: el Estado español ha utilizado la tortura con fines políticos con una intensidad que no es comparable con ninguna otra realidad europea desde el final de la II Guerra Mundial. Este estudio hoy todavía provisional pone patas arriba el relato de quienes han ostentado responsabilidades de gobierno en los últimos decenios en Madrid y en Gasteiz. Tanto PP y PSOE como el mismo PNV, con matices; pero todos intentan "vender" que aquí ni hay ni hubo conflicto y que todo se redujo a la utilización de la violencia por parte de ETA. 4000 testimonios y denuncias de tortura recogidos por encargo del propio Gobierno de Lakua dejan en evidencia esa falsedad y vienen a arrojar luz y datos sobre algo que ya conocíamos: que aquí se ha torturado, que la tortura no es un fenómeno aislado sino una herramienta para castigar y perseguir ideas y proyectos políticos; y que su existencia no hubiera sido posible si algunos gobiernos no hubieran dado luz verde a su utilización; y la mayoría de partidos políticos y medios en general no hubieran mirado hacia otro lado.
Existen multitud de casos en los que personas detenidas y hechas presas en su momento fueron condenadas en base única y exclusivamente a declaraciones que fueron denunciadas en su momento por haber sido obtenidas bajo tortura, y muchas de esas personas se encuentran todavía en prisión. Ahora que un estudio científico e independiente nos dice que esas denuncias de tortura pueden ser reales, ¿no sería al momento de plantearse la revisión de las condenas de las personas presas que en su momento alegaron haber declarado contra su voluntad bajo tortura? Nosotros pensamos que sí, hay que revisar las condenas de las personas que denunciaron haber sido torturadas y condenadas en base a esas declaraciones. Y el Gobierno de Lakua, como promotor de esta investigación, debiera ser quien tomara medidas para iniciar las revisiones de sentencia que sean necesarias.
A la espera del informe de la investigación en su totalidad -finales del 2016-, es necesario un compromiso político e institucional firme para la adopción de medidas que contribuyan a desterrar de una vez por todas los tratos inhumanos y la tortura de las prácticas policiales. Y mientras, coincidimos plenamente con los redactores del informe cuando en sus conclusiones provisionales afirman que "el trabajo emprendido no puede ser considerado como acabado y va a requerir algunas reflexiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención de la tortura y malos tratos". Las víctimas de la tortura tienen que salir a la luz; ellas como víctimas, y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad de lo qué les sucedió y quiénes son los responsables de la tortura que padecieron. Las víctimas de la tortura deben ser reconocidas como tales y por lo tanto deben ser reparadas a todos los efectos.
Sortu defiende el derecho a la verdad, reconocimiento y reparación que asiste a todas, absolutamente todas las víctimas; y las de la tortura no pueden ser una excepción.
