Las posiciones del ministerio Fiscal no son propias de alguien que persigue la aplicación de la justicia sino más bien de quien está cegado por la sed de venganza.
Parece que lo que realmente molesta a la fiscalía es que tras haber sido excarcelado por su enfermedad terminal, Josu Uribetxebarria todavía no haya muerto. Da la impresión que lo único que se persigue con esta actuación es añadir un cadáver más a la larga lista de los provocados por la actuación del Estado español en este país.

Esa no ha sido desde luego la actuación del Estado en el caso de otros presos que también fueron excarcelados por razones médicas. El General Rodríguez Galindo fue puesto en libertad en 2004 tras un exiguo cumplimiento de pena y hoy es el día en que este señor vive sin que ninguna instancia oficial haya ni siquiera osado poner en duda que deba disfrutar de esa situación. Parece que la violencia ilícita cometida desde los uniformes del Estado da patente de corso a los pocos que han sido condenados, también a la hora de obtener los beneficios penitenciarios que se niegan sistemáticamente al resto de los presos que además son objeto de una crueldad patológica por parte de la administración del Estado.

El Estado español debe cambiar su política penitenciaria ya; y eso exige en primera instancia abandonar la orientación vengativa del cumplimiento de penas, tratar con dignidad a los presos enfermos y respetar la sentencia del Tribunal Europeo de DDHH que deja en evidencia que la doctrina 197/2006 no supone sino la aplicación de una cadena perpetua encubierta; y por supuesto, cumplir la literalidad de la legislación penitenciaria reagrupando a los presos políticos vascos en las cárceles más cercanas a sus lugares de origen.