En la rueda de prensa de hoy valoraremos los diferentes hechos de gravedad que el Estado español, de la mano de su delegado en la Comunidad Autónoma Vasca, ha llevado a cabo en el contexto de las fiestas de Laudio y Bilbao, así como la respuesta plural y generalizada de la mano de la ciudadanía, los agentes políticos y sociales.

Carlos Urquijo es conocido por su empeño en que el proceso de paz no avance en este país. Es enemigo de la paz y desde que tomó el cargo de Delegado del gobierno no ha hecho otra cosa que intentar torpedear el proceso. Nostálgico de las ilegalizaciones, cada vez que tiene noticia de algún acto que escapa a su control pide su prohibición. Este verano, sus víctimas han sido las fiestas de Laudio y de Bilbo, y ha provocado una gran indignación y enfado entre la ciudadanía.

Nos consta que Pablo Gorostiaga y Jone Artola ya eran muy queridos entre sus vecinos, pero tras las prohibiciones judiciales impulsadas desde la Delegación de Gobierno, se han convertido en símbolos del respeto a la voluntad popular. Estas actuaciones han sido interpretadas por la mayoría de la sociedad como un ataque directo al derecho de organizar nuestras fiestas en libertad y la reacción se ha hecho patente en diferentes rincones de Euskal Herria.

También son reseñables las reacciones desde el ámbito político, ya que la mayoría de los agentes han denunciado enérgicamente la injerencia de Urquijo en las fiestas populares. Las coacciones e imposiciones de Urquijo no convencen a nadie y solo son merecedores del rechazo más absoluto.
Desde Sortu nos sumamos a estas reacciones y le decimos al señor Urquijo que no tiene legitimidad para decidir quién puede o no ser txupinera o pregonero en las fiestas de los pueblos vascos.

Sin embargo, creemos que se puede y se debe ir más allá de las meras denuncias verbales. No podemos permitir que, en adelante, el "pirómano" Urquijo siga causando más fuegos con el objetivo de entorpecer este nuevo tiempo abierto en nuestro país. Es tiempo de decir "basta ya" y actuar.

Desde Sortu hacemos un llamamiento expreso al resto de agentes políticos y sociales, y especialmente al PNV, para que a partir de septiembre pongamos en marcha una iniciativa consensuada que tenga como objetivo la supresión de la figura del Delegado del Gobierno.

Se trata de una figura impuesta, con una función política muy definida: obstaculizar y poner palos a la rueda del proceso de paz y la normalización política. Para eso, y solo para eso, está hoy en día el delegado del Gobierno.

En cualquier caso, lo quiera o no lo quiera el señor Urquijo, Euskal Herria sigue en marcha. Es verdad que el Gobierno español y sus sucursales políticas e institucionales quieren hacer encallar el proceso abierto. Pero también es verdad que si somos capaces de levantar muros populares tan amplios y plurales como lo hemos hecho estos días contra los ataques a nuestras fiestas, el escenario de paz y democracia para Euskal Herria estará cada día más cerca.