Estamos pasando una semana intensa, y para empezar queremos decir que con la operación contra Herrira al Gobierno del PP le ha salido el tiro por la culata. Además de haber hecho el ridículo enviando a la Guardia Civil a detener y trasladar a Madrid a 18 personas por el grave delito de defender los DDHH de los presos vascos, han conseguido principalmente situar en la centralidad del debate político esa cuestión y la necesidad de que el Gobierno español modifique sustancialmente la política penitenciaria.
La sociedad vasca ha rechazado de manera mayoritaria este despliegue de totalitarismo y lo ha entendido como una agresión al trabajo legítimo en defensa de los derechos de los presos y también como una prueba fehaciente de que el PP está interesado en que volvamos a vivir en los tiempos anteriores a octubre del 2011; en aquel entonces, para imponer su posición les bastaba con convocar al Pacto Antiterrorista, ahora en cambio se saben perdedores y minoritarios si de debate político o electoral se trata. Cuando las reglas del juego son la democracia y
el respeto a todas las ideas, el Constitucionalismo español es débil y minoritario y no puede soportarlo.
El Partido Popular y también el PSOE son alguien en este país porque juegan con las cartas trucadas. Mantienen unas reglas de juego a su medida; ellos deciden quién juega y quién no, a qué se juega, qué jugadas se pueden hacer y cuáles no, y cuando hay dudas sobre los lances del juego, tienen árbitros que ellos mismos han nombrado y que están para proteger esos intereses que les son comunes, los que les dan de comer y mantienen en sus puestos. Esta semana un parlamentario del PP ha llegado a decir que el Estado va a derrotar las ideas legítimas del independentismo (con todo lo que eso quiere decir, esta semana hemos visto cómo pretenden hacerlo) y se ha quejado porque le han llamado fascista. Llamar fascista a quien dice y además hace eso no es un insulto, es constatar la naturaleza de un comportamiento: totalitario, falangista y en consecuencia, netamente fascista.
Tenemos que añadir que somos muy críticos con la actitud que ha mantenido el gobierno de Gasteiz durante toda esta semana. La operación policial que se saldó con la detención de 18 activistas de DDHH se llevó a cabo con la participación de la Ertzaintza; recursos públicos de la autonomía se utilizaron para que esas 18 personas terminaran en la Audiencia Nacional y para agredir físicamente a docenas de ciudadanos entre ellos una senadora de Amaiur, y eso es un síntoma de sumisión hasta en lo más injusto que es denunciable políticamente.
Y también tenemos que decir que el acuerdo alcanzado ayer por los grupos parlamentarios del PNV y EHBildu en Gasteiz arroja algo de luz sobre una semana de sombras. Los contenidos del documento -que denuncian las detenciones, y sitúan las responsabilidades del boicot al proceso de paz en el Partido Popular-, apuntan la dirección en la que el PNV y la Izquierda Soberanista debemos avanzar si queremos llevar el proceso de paz y normalización política hasta sus últimas consecuencias. Desde el valor del contenido de la declaración de ayer, queremos emplazar al PNV a pasar de las palabras del acuerdo a los hechos. Si el PNV decide recorrer la senda de la normalización política y social haciendo frente a quienes desde diversas instancias no quieren la paz, se encontrarán con una izquierda abertzale con absoluta disponibilidad para el trabajo conjunto y poder hacer un camino propio como país.
Como no podría ser de otra manera, queremos mostrar nuestra satisfacción por la puesta en libertad de los 18 detenidos de Herrira. Y también por el hecho de que parece que todos van a volver a casa enteros, una novedad que ha sido ampliamente recogida por los medios de comunicación y que en sí misma es significativa de cuál es el estado de las cosas. Es curioso que cuando no hay incomunicación, no hay denuncias de malos tratos y además nadie declara contra su voluntad. Se acaba de demostrar efectivamente algo que se viene denunciando
desde hace mucho tiempo, que es que incomunicación es igual a malos tratos y tortura, para amedrentar al detenido y a su entorno y para obtener declaraciones forzadas. Quien no quiera verlo es que tiene un gran interés en que el miedo y las amenazas continúen, no tiene otra explicación.
No podemos pasar por alto que el resultado de la operación contra Herrira tiene un saldo provisional de detenciones durante 4 ó 5 días, pago de fianzas en algunos casos, otras restricciones de libertades civiles, y además la posible apertura de una causa que puede derivar en una acusación que conlleve prisión; y además, Herrira ha sido suspendida durante dos años. Si así piensan que la defensa de los derechos de los presos vascos va a ser relegada al olvido, todavía no conocen a este país. La ciudadanía vasca está determinada a desarrollar el proceso de paz y para ello la
defensa de los derechos de los presos vascos y el cambio de política penitenciaria es determinante.
Eso es una realidad que no admite muchas interpretaciones y quien no lo vea tan claro, mañana va a tener una nueva oportunidad de comprobarlo. Una marea humana va a volver a dar su apoyo al trabajo en defensa de los DDHH de los presos vascos desarrollado por los miembros de Herrira y redoblará su apuesta por el proceso de resolución al conflicto. La mayoría social y política de este país estará
en la calle en Bilbao y Sortu, la Izquierda Abertzale también como parte de ella.
