El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, tal como se constata en el caso de Kepa Pikabea, no cumplir la directriz europea de descontar a cualquier preso los tiempos de condena ya cumplidos en otros estados. La decisión se ha tomado con una división de 7 jueces contra 4, un dato también a resaltar. Esta decisión marcaría la pauta a seguir en el caso de 48 presos vascos de los cuales 7 tendrían que estar en libertad siguiendo la directriz europea.
El TC es una correa de transmisión de las directrices de PP y, por tanto, no albergábamos grandes esperanzas sobre una resolución positiva.
A pesar de todo, es lamentable que un gobierno que va a hacer un año está en funciones y un TC que es la máxima expresión de la falta de independencia judicial, vuelvan a dar una vuelta de tuerca a la aplicación de medidas que están fuera de lugar y del nuevo tiempo para la paz y las soluciones. Además, el TC prevarica a sabiendas de que actúa en contra de la directriz europea que está obligada a cumplir.
En consecuencia, el principio “in dubio pro reo” ha quedado reducido a un mero latinajo en el caso de los presos políticos vascos. Cinco años más tarde del fin de la actividad armada de ETA, se siguen aplicando medidas adoptadas el siglo pasado en clave antiterrorista.
Esto no tiene sentido; la normalización política necesita que el gobierno español desista cuanto antes de ese tipo de actitudes obstaculizadoras y que tan solo añaden más dificultades al objetico de la paz con justicia.
Estamos seguros de que esto no termina aquí; la aplicación de medidas basadas en la venganza y el revanchismo contra los presos vascos será una vez más puesta en entredicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el sistema judicial español volverá a recibir un varapalo que redundará en su escasa o nula credibilidad y mínimo prestigio ante los juristas europeos.
Para finalizar, queremos recordar una segunda decisión judicial, esta vez de la mano de la fiscalía española, que ha decidido actuar en contra de que las víctimas del franquismo y los imputados en estos casos puedan declarar.
Una vez más, el doble rasero de la mal llamada justicia española queda en evidencia: por una lado se pretende proteger la impunidad del los criminales del franquismo mientras se salta a la torera las directrices europeas, dando por buenas las dobles condenas a los presos vascos.
