El pasado 3 de marzo murió de forma violenta en Honduras la compañera Berta Cáceres, defensora y luchadora contra las concesiones en río Gualcarque y el despojo de tierras de los pueblos indígenas por las transnacionales.

El 15 de marzo mataron al compañero Nelson Noé García, campesino del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, organización fundada y liderada por Berta Cáceres, en el marco del desalojo de una comunidad de 150 familias de la etnia lenca en Río Chiquito.

Sortu rechaza firmemente la persistente criminalización que lleva a cabo el Gobierno de Turquía en contra de la resistencia kurda.

En las últimas semanas, distintas localidades kurdas han sido objeto de ataques militares y desde Ankara se han renovado las amenazas de ilegalización del partido HDP.

Siguiendo esa misma lógica, hoy la Policía española ha llevado a cabo una serie de detenciones -una de ellas en Bilbo- justificadas por los presuntos vínculos de estas personas con la organización que lucha en primera línea contra el Estado Islámico.

Sortu se ha sumado a la campaña promovida por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Argentina cara a denunciar la detención de Milagro Sala, diputada del Mercosur y reconocida dirigente de la organización TUPAC AMARU.

De esta forma, Sortu suma su voz a la de cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina y de distintos lugares del mundo, que se han unido a la hora de exigir al presidente argentino, Mauricio Macri, que haga lo neceario para que Sala recupere la libertad de forma inmediata.

La firma por parte de las FARC y el Gobierno colombiano del acuerdo sobre reparación y justicia a las víctimas es una buena noticia que debiera inspirar la búsqueda de acuerdos en parámetros comparables en el contexto del conflicto político vasco.

El acuerdo alcanzado marca un nuevo hito internacional a la hora de abordar la cuestión de las víctimas de la violencia política. En principio es importante además que sea fruto del diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC; a ellos corresponde asumir las responsabilidades de las consecuencias del uso de la violencia y así lo están haciendo.

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