En el día de ayer el Tribunal Constitucional español tomó la decisión de mantener en prisión a Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, condenados en su día por el caso Bateragune junto con Rafa Díez.
Estamos ante una decisión política que obedece a una estrategia de estado. Estrategia de estado basado en la negación de la realidad nacional vasca y en la negación de los derechos que nos asisten como pueblo. Estrategia que se sirve de la negación, del autoritarismo para combatir con todas las armas al independentismo vasco. Y en este contexto, en esta estrategia se sitúa la decisión del TC de mantener en prisión a los encausados del caso Bateragune. Decisión inserta en esta estrategia de de combate al independentismo.
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El anuncio de desmantelamiento de las estructuras militares de ETA confirma la voluntad de ETA para seguir avanzando en el desarme hasta el final.
ETA anuncia su disposición para pasar a ser un actor político desarmado y asegura la irreversibilidad de esa condición procediendo a desmantelar sus estructuras militares, o sea, todo lo que tiene que ver con la práctica armada.
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Hasier Arraiz responde a las declaraciones de Iñigo Urkullu.
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Sortu quiere mostrar su preocupación por la situación de Jokin Aranalde, uno de los portavoces del Colectivo de Refugiados Políticos (EIPK), detenido, a la salida de una visita médica, por orden de las autoridades francesas y con vistas a su entrega al Estado español.
Aranalde puso voz y rostro al compromiso de los refugiados-as vascos-as, que en el acto llevado a cabo en junio de 2013 en Biarritz mostraron de forma clara su compromiso con el nuevo tiempo abierto a Euskal Herria, mostrando su disposición a dar los pasos necesarios cara a dar una salida a la situacion de las personas huidas y abrir la puerta a su retorno a Euskal Herria.
La detención de uno de los portavoces de EIPK es un paso que va en la dirección contraria a la solución democrática que avala la mayoría social y política de este país, como se ha demostrado en las diversas movilizaciones llevadas a cabo en Ipar Euskal Herria.
Por ello Sortu exije la puesta en libertad de Jokin Aranalde y emplaza a las autoridades francesas a escuchar a la sociedad y a implicarse de modo efectivo en la resolución del conflicto.
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